Luis Felipe Zegarra Blog

2012-01-18T18:50:00.000-08:00

¿Qué significa ser liberal?

(El Comercio, 12 de enero de 2012)

Parece existir la concepción, errada concepción, de que el liberalismo es lo mismo que el mercantilismo. Que ser liberal implica estar a favor de los lobbies empresariales y en contra de los sindicatos. O estar a favor de la inversión privada a cualquier costa. O que implica estar a favor de las dictaduras cuando estas promueven la inversión privada, es decir a favor de las llamadas dictaduras de derecha.

Todas estas creencias sobre el liberalismo y lo que implica ser liberal son erradas. El liberalismo es una corriente de pensamiento que considera la libertad individual como un derecho fundamental de la persona. Un liberal, por lo tanto, se opone al uso de la fuerza o el poder para recortar arbitrariamente las libertades de las personas. La coerción y el recorte de las libertades pueden venir de muchos frentes, del Estado, de los sindicatos, de los lobbies, de la Iglesia, de cualquier otra institución, o de una persona en particular.

Muchos tienden a creer que los liberales estamos en contra de los sindicatos. ¿Se refieren a que los liberales queremos prohibir los sindicatos? En realidad, los liberales estamos en contra de la coerción de los sindicatos en algunos países, donde su poder llega a ser tan grande que pueden recortar la libertad de los dueños de las empresas (para contratar, despedir o pagar u ofrecer los sueldos que deseen) y la de los propios trabajadores, lo que termina perjudicando a muchos no sindicalizados. Sin embargo, ello no significa estar a favor de la prohibición de los sindicatos o de la persecución de los líderes sindicales. Un liberal de verdad nunca podría estar a favor de recortar la libertad de los trabajadores de asociarse,y ejercer su derecho a la protesta.

Existe, además, la común idea de que los liberales estamos a favor de los lobbies empresariales. Nada más alejado de la realidad. Un liberal de verdad reconoce el potencial daño que los lobbies pueden causar a la economía. Hacer lobby para favorecer a algunas empresas no es lo mismo que defender el libre mercado.

No podemos dejar de mencionar la relación de los liberales con los regímenes políticos. Los liberales no idolatramos las democracias: sabemos que las que hay no son perfectas. Sin embargo, reconocemos que las dictaduras representan un serio recorte de las libertades y permiten el abuso del poder político, con todas sus secuelas, tales como corrupción, violación de derechos humanos, etc.

2010-11-07T12:21:00.000-08:00

Sobre el secreto bancario y la corrupción

Hace unos días, el ex Presidente Toledo propuso el levantamiento del secreto bancario del Presidente García y sus ministros. Muchos representantes del partido aprista han reaccionado en contra de esta medida, atacando al ex Presidente Toledo en lugar de discutir la conveniencia de la medida propuesta.

La medida propuesta por el ex Presidente es saludable, si se desea luchar contra la corrupción de manera efectiva. Desde hace más de una década, a través de varias investigaciones y publicaciones, hemos sostenido que una de las maneras más efectivas de luchar contra la corrupción consiste en aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Una de las mejores maneras para mejorar la transparencia de las acciones del gobierno consiste justamente en levantar el secreto bancario de las autoridades y funcionarios más importantes (aunque no solo del Presidente y sus ministros).

Debemos darnos cuenta de que la corrupción es el resultado de un sistema de incentivos que promueve el abuso del poder político para obtener un beneficio económico. Todo agente corrupto realiza internamente un análisis costo-beneficio, de tal manera que si los beneficios por cometer el acto de corrupción son mayores que los costos por hacerlo, entonces cometerá un acto de corrupción. Por lo tanto, toda estrategia anti corrupción efectiva debe involucrar medidas que lleven a la disminución de los beneficios y el aumento de los costos por cometer actos de corrupción.

El aumento de la transparencia y la rendición de cuenta constituyen una de las maneras más efectivas de aumentar los costos que enfrentan los agentes corruptos por cometer actos de corrupción. Si se levanta el secreto bancario de las autoridades, entonces estas tendrán más reparos en aceptar sobornos (sobre todo, si estos son cuantiosos), pues será más fácil detectar desbalances patrimoniales. Movimientos en las cuentas bancarias no respaldados por los ingresos oficiales de las autoridades darán pie a investigaciones que puedan descubrir actos importantes de corrupción. De hecho, el éxito de la agencia anti corrupción de Hong Kong ICAC (una de las agencias anti corrupción más exitosas en el mundo) se debió en parte a la investigación de cuentas bancarias. La agencia ICAC era una agencia independiente del departamento de la policía que logró reducir drásticamente la corrupción en dicho departamento.

Es importante que las autoridades den el ejemplo en la lucha contra la corrupción con el levantamiento del secreto bancario, apenas asumen un cargo importante. De esta manera, la sociedad civil entenderá que la lucha contra la corrupción es parte importante de la política de Estado. Si las autoridades no enseñan con el ejemplo, será más difícil que la sociedad civil se sienta identificada con una estrategia anti-corrupción. Y tal como nos lo muestra la historia reciente, sin la participación de la sociedad civil será muy difícil lograr el éxito en la lucha contra la corrupción.

2009-09-27T10:49:00.000-07:00

La crisis y los inventarios

(Gestión, 28 de septiembre de 2009)

Una de las consecuencias de la crisis económica ha sido la fuerte reducción de los inventarios de las empresas. Desde finales de 2008, las empresas han reducido inventarios debido a la caída fuerte de la demanda. Así, mientras que en febrero de 2009 las empresas manufactureras mantenían inventarios para 82 días de ventas, en agosto las empresas apenas mantuvieron inventarios para solamente 34 días. Ello ha implicado pérdidas para muchas empresas que han llegado a rematar sus inventarios. Asimismo, todavía es prematuro señalar cuándo la economía mundial retornará por una senda de crecimiento sostenible; por lo que el ajuste en inventarios podría continuar.

¿Se pudo haber hecho algo para evitar el brusco ajuste en las existencias y las pérdidas de las empresas por el remate de inventarios? Ciertamente la previsión pudo haber sido mejor. Mientras ya a finales del 2007 la crisis hipotecaria empezaba a afectar a la economía norteamericana, muchas empresas peruanas acumulaban una gran cantidad de inventarios. Solo a finales del año 2008 el stock de inventarios empezó a disminuir. La falta de previsión de las empresas (en parte como consecuencia de los anuncios del Gobierno de que la economía estaba “blindada”) profundizó pues los efectos de la crisis mundial en la economía peruana.

2009-06-22T09:05:00.000-07:00

Comentario a Editorial "La Esperada Reforma de Obama"

(Gestión, 22 de junio de 2009)

El plan de Obama parece basarse en la premisa que mayor regulación es necesariamente buena para el funcionamiento del sistema financiero. Parece que Obama no reconoce que el Estado fue en realidad uno de los responsables de la presente crisis, pues no solo llevó a cabo una política monetaria expansiva, sino además incentivó una política de otorgar crédito a deudores de mal récord. Esto fue justamente lo que sucedió con Fannie Mae y Freddie Mac, entidades financieras garantizadas por el Estado, y que fueron la mayor fuente de financiamiento de hipotecas subprime. Bajo el plan de Obama, se aumenta la protección del Estado a algunas grandes empresas financieras, las cuales podrían ser favorecidas con nuevos programas de salvataje si presentasen problemas. Esta política distorsionará incentivos, aumentará la concentración bancaria y reduciría la disciplina de dichas empresas

2009-06-10T14:28:00.000-07:00

Crecimiento económico y pobreza

(El Comercio, 4 de junio de 2009)

Hasta hace pocos meses, la economía peruana experimentó tasas altas de crecimiento. En el período 2005-2008, el PBI creció a una tasa promedio anual de 8.8%. ¿Cómo ha respondido la pobreza al boom económico?

A nivel nacional, la pobreza se ha reducido en los últimos años. Según cifras del INEI, la pobreza se redujo de 49% en 2004 a 39% en 2007. No obstante, la pobreza no se ha reducido de manera significativa en todo el país. Por ejemplo, en la sierra rural la pobreza se redujo en solo dos puntos porcentuales, de 67% en 2004 a 65% en 2007. En algunos departamentos la pobreza inclusive ha aumentado. En Huancavelica, Ayacucho y Apurímac (los tres departamentos más pobres del país), la pobreza aumentó en los últimos años, pese al boom económico. En Huancavelica la pobreza aumentó de 85% en 2004 a 86% en 2007; en Ayacucho, la pobreza aumentó de 66% a 68%; y en Apurímac la pobreza aumentó de 65% a 70%. Por su parte, en Cajamarca la pobreza se redujo en solo un punto porcentual, de 66% a 65%; y en Pasco la pobreza se redujo en solo tres puntos porcentuales, de 66% a 63%.

¿Por qué algunos departamentos no se beneficiaron del boom económico? ¿Tiene el gasto social algo que ver? Algunos podrían señalar que, en los departamentos en los cuales la pobreza no se ha reducido, el gasto social ha sido muy bajo. Sin embargo, según cifras del INEI, los departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, en los cuales ha habido un aumento de la pobreza en los últimos años, son los tres departamentos en los que Foncodes invirtió los mayores montos per-capita en el período 2004-07. Es decir, pese al mayor gasto social, la pobreza ha aumentado en dichos departamentos.

Una manera alternativa para comprender por qué algunos departamentos no redujeron sus niveles de pobreza tiene que ver con la competitividad de la región. Un menor nivel de competitividad limita las posibilidades de una región para aprovechar el crecimiento de la economía. Por ejemplo, una infraestructura deficiente no le permite a las firmas aprovechar la mayor demanda por sus productos ni, por lo tanto, obtener mayores beneficios durante un boom económico. La evidencia sugiere que la situación de la infraestructura fue importante para la reducción de la pobreza. De acuerdo al Índice de Competitividad Regional, elaborado por “Perú Compite”, los ocho departamentos con peores niveles de infraestructura son Amazonas, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Apurímac, Cajamarca, San Martín y Ayacucho. En cinco de estos ocho departamentos, la pobreza aumentó o se redujo muy poco (en tres puntos o menos) en el período 2004-07.

Es decir, la evidencia sugiere que diferencias en competitividad tienen que ver con la reducción de la pobreza mucho más que los programas sociales. En general, a menos que mejoremos los niveles de competitividad de las regiones, será muy difícil que el crecimiento económico se traduzca en menor pobreza en todo el país.

2009-05-09T08:42:00.000-07:00

Los términos de intercambio y la economía peruana

(El Comercio, 5 de mayo de 2009)

Como toda economía abierta, la economía peruana está sujeta a las condiciones económicas internacionales. La evidencia histórica muestra que en épocas de alto crecimiento económico mundial, la economía peruana ha crecido a altas tasas; mientras que en épocas de bajo crecimiento económico mundial, la economía peruana ha crecido a tasas bajas. ¿Pero cuál es el mecanismo de transmisión del crecimiento económico mundial en el crecimiento de largo plazo de la economía peruana?

La transmisión del crecimiento mundial en la economía peruana se produce, en gran medida, a través de los términos de intercambio (precio relativo de las exportaciones con respecto a las importaciones). Los términos de intercambio tienen un impacto positivo en el crecimiento de largo plazo de la economía peruana a través de su efecto en la rentabilidad de la inversión.
Analicemos la evidencia para los últimos 40 años. Nuestros términos de intercambio crecieron a una tasa anual de 3.8% en 1970-1980, cayeron a una tasa anual de 7% en 1980-1993, y crecieron a una tasa anual de 1.7% en 1993-2008. En consecuencia, la economía peruana enfrentó un escenario internacional favorable en los 1970s, desfavorable en los 1980s y favorable en los últimos 15 años, especialmente en los últimos tres años.

En los 1970s, tras el incremento de los términos de intercambio, la tasa de inversión aumentó de 16.1% (como porcentaje del PBI) en 1970 a 28.5% en 1980. La tasa anual de crecimiento del PBI per-capita fue 1.9% en 1960-1980. En los 1980s, la desmejora en los términos de intercambio parece haber tenido efectos negativos en la economía peruana. La tasa de inversión se redujo de 28.5% en 1980 a 19.3% en 1993; y la tasa de crecimiento del PBI per-capita fue -2.3% en 1980-1993. En el período 1993-2008, la mejora en los términos de intercambio se tradujo en mayores tasas de inversión y de crecimiento. La tasa de inversión aumentó de 19.3% en 1993 a 26.6% en 2008; y la tasa anual de crecimiento del PBI per-capita fue 3.7% en 1993-2008.

Sin duda, el escenario económico internacional no es el único factor que afectó la economía peruana en las últimas décadas. Por ejemplo, las políticas económicas y la inestabilidad política en los 1980s tuvieron un impacto negativo en la economía peruana. Sin embargo, las cifras sugieren que el impacto de la economía mundial y los términos de intercambio en la economía peruana ha sido significativo.

¿Qué podemos esperar para los próximos años? Según el FMI, la recesión mundial podría durar varios trimestres, y la recuperación sería lenta. Es my probable que las tasas de crecimiento de la economía mundial en los siguientes años no retornen a los niveles del período 2005-2008. En estas circunstancias, nuestros términos de intercambio no crecerían a las mismas tasas anteriores a la crisis. Se requerirá entonces de reformas estructurales profundas con el fin de aumentar las tasas de inversión, mejorar los niveles de productividad y de crecer a tasas por encima de 6% en el largo plazo.

2009-04-30T07:40:00.000-07:00

¿Cuánto podemos realmente crecer?

(Gestión, 30 de abril del 2009)

Frente a la desaceleración del crecimiento económico, muchos han mostrado su preocupación y se plantean diversas medidas con el fin de retornar en el mediano plazo a una senda de crecimiento similar a la observada en años anteriores. Sin embargo, más allá del debate sobre las políticas cortoplacistas para aliviar el impacto de la crisis, resulta vital discutir cuál debe ser el objetivo de crecimiento de largo plazo de la economía peruana. Esta discusión es importante hoy en día, pues podremos determinar si las tasas de crecimiento logradas en años anteriores eran sostenibles.

¿Cuánto podemos crecer sostenidamente en el largo plazo? La teoría económica nos demuestra que existe una relación directa entre tasas de inversión, productividad y tendencia de largo plazo del crecimiento económico. A mayor tasa de inversión y a mayor crecimiento de la productividad, mayor será el crecimiento de largo plazo de la economía (mayor será el crecimiento del PBI potencial). En el 2008, la tasa de inversión fue 26.6% (como porcentaje del PBI). Si las tasas de inversión se mantienen en esos niveles, ¿cuánto podremos crecer?

Revisemos algunas cifras históricas. En el período 1950-2008, la tasa de inversión en el Perú fue 21%, y la tasa anual de crecimiento del PBI fue 3.5%. Esto sugiere que con una tasa de inversión de 27%, podríamos crecer sostenidamente en más que 3.5%. ¿Cuánto más? El Perú nunca ha tenido tasas de inversión de 25% o más por un largo período de tiempo. Revisemos entonces la evidencia para países que han tenido tasas de inversión mayores que 25%. Según data del FMI, en el período 1980-2008, el grupo de economías asiáticas recientemente industrializadas (Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwán) tuvo una tasa de inversión de 28.9% y una tasa anual de crecimiento del PBI de 6.3%. En el mismo período, el grupo de economías asiáticas emergentes (26 economías, incluyendo a China e India) tuvo una tasa de inversión de 32.3% y una tasa anual de crecimiento del PBI de 7.4%. Entre 1992 y 2008, el grupo de economías emergentes y en desarrollo tuvo una tasa de inversión de 26.1% y una tasa anual de crecimiento del 5.1%. Por lo tanto, la evidencia muestra que una economía con una tasa de inversión de alrededor de 27% puede crecer sostenidamente a una tasa de alrededor de 6%; y que solo con una tasa de inversión de más de 30% se puede crecer a 7%.

Algunos señalan que el Perú “no puede darse el lujo” de crecer a solo 5% o 6%, pues necesitamos reducir la pobreza rápidamente. Ciertamente, uno quisiera crecer a tasas de 20% o 30% todos los años con el fin de reducir la pobreza rápidamente. Pero ello no es posible. Ni siquiera crecer a 10% es posible en el largo plazo, dadas nuestras tasas de inversión. Dadas las actuales tasas de inversión, sería saludable crecer a una tasa de 6%. A menos que aumentemos las tasas de inversión muy por encima de las actuales, no debemos, pues, tratar de alcanzar tasas de crecimiento mayores. Lo saludable sería crecer a una tasa de 6% en los próximos años, dadas las actuales tasas de inversión. En consecuencia, a menos que aumentemos las tasas de inversión muy por encima de las actuales, no debemos tratar de alcanzar tasas de crecimiento mayores.

2009-04-16T11:26:00.001-07:00

Comentario sobre Editorial "La desaceleración del PBI"

(Gestión, 17 de abril de 2009)

Las últimas cifras de crecimiento del PBI son un claro indicador de que la crisis mundial ya ha impactado a la economía peruana y de que, por lo tanto, el Perú no estaba “blindado” ante la recesión mundial. Al contrario de lo que el Gobierno comentaba hace meses, la evidencia histórica nos permitía anticipar que la crisis mundial afectaría severamente el sector exportador y, con ello, a través de un efecto multiplicador, al sector no transable de la economía. Esto es exactamente lo que ha ocurrido. El sector manufactura, por ejemplo, experimentó en febrero una caída de 7.5%; el sector comercio cayó en 0.2%; y el sector construcción creció en solo 4.7%, muy por debajo de lo proyectado. El plan anti-crisis del Gobierno podría parcialmente aliviar los efectos de la crisis en el corto plazo. Sin embargo, la demostrada incapacidad del sector público para gastar eficientemente los cuantiosos recursos con los que cuenta es una limitante importante. Con todo ello, es ya claro que este año la economía crecerá muy por debajo de 5%.

2009-03-06T11:35:00.000-08:00

Comentario sobre Editorial "Turbulencia no cesa en EE.UU."

(Gestión, 6 de marzo de 2009)

Con cada vez más pesimistas expectativas sobre crecimiento mundial, todo parece indicar que la economía peruana sufrirá los embates de la crisis internacional, por más que el Gobierno Peruano insista en que estamos “blindados”. Lamentablemente, en el Perú y en muchos otros países, las recetas para hacer frente a la crisis consisten en la aplicación de políticas keynesianas que han demostrado a lo largo de la historia tener efectos nocivos para las economías. Lo que necesita la economía peruana es continuar con tasas de inversión altas que amplíen la capacidad productiva, antes que aumentar la demanda interna desenfrenadamente. Algunos anuncios del Gobierno parecen indicar que este no tiene una idea clara de cómo enfrentar la crisis. Por ejemplo, aumentar el gasto público sin mayor control puede tener efecto en la demanda interna pero no en la capacidad productiva.

2009-02-18T12:28:00.000-08:00

Comentario sobre Editorial: "Mas gasto o menos impuestos"

(Gestion, 12 de febrero de 2009)

Según el Ministro Carranza, el plan anticrisis tendrá como eje central el aumento del gasto público antes que la disminución de impuestos. Este enfoque tiene varios puntos débiles. En primer lugar, los recursos destinados a inversión pública pueden finalmente no ser utilizados en su plenitud, dada la ya comprobada baja capacidad de gestión del sector público. En segundo lugar, el aumento del gasto público puede implicar un aumento fuerte del gasto corriente, el cual tiene efecto nulo en la oferta agregada de la economía. En general, el mayor gasto público puede llevar al aumento de los precios (la inflación todavía se encuentra por encima del rango), mayores tasas de interés (por expectativas devaluatorias de la moneda, y mayor riesgo de no pago), y menores tasas de inversión privada. Por otro lado, la disminución de impuestos tiene una gran ventaja: ella puede llevar a menores distorsiones en la asignación de recursos, mayores niveles de inversión privada y por lo tanto mayor capacidad productiva. No debemos olvidar que la clave para lograr mayores tasas de crecimiento de largo plazo (vital para reducir la pobreza) consiste en mejorar los niveles de productividad, y no en aumentar la demanda agregada mediante políticas fiscales expansivas, las cuales podrían llevar a inflación, ineficiente uso de los recursos públicos, y menor crecimiento económico en el largo plazo.

2009-02-17T09:19:00.000-08:00

Comentario sobre Editorial "Crisis financiera"

(Gestion, 3 de diciembre de 2008)

La crisis internacional parece no tener por el momento un impacto severo en las importaciones. Algunos analistas ven este dinamismo de las importaciones como una señal saludable. ¿Pero es ello realmente saludable? Consideremos el caso de las importaciones de consumo. Las importaciones de bienes de consumo duradero crecieron a una tasa de 63%, mostrando una aceleración del crecimiento con respecto a enero-septiembre. Este boom de consumo es posible gracias a las líneas de crédito de las entidades financieras. En octubre de este año, el crédito de consumo en moneda nacional y el crédito de consumo en moneda extranjera crecieron en 53% y 21% respectivamente, con respecto al mismo mes del año anterior. Esta situación no es saludable. En realidad, es bastante preocupante: la crisis internacional y la disminución de los ingresos de las familias en los próximos meses pueden devenir en la imposibilidad de pago de las deudas de las familias, llevando a una severa crisis financiera. Es importante, entonces, que el gobierno tenga mucho cuidado con ciertos anuncios “tranquilizadores” que parecen estar manteniendo expectativas demasiado optimistas con respecto al futuro. Las familias deben tener expectativas acordes con la realidad. Ser demasiado optimismo puede llevarnos a serios problemas.

2008-11-28T11:29:00.000-08:00

Crisis económica mundial: ¿Estamos realmente protegidos?

(Gestion, 28 de noviembre del 2008)

Algunas autoridades del gobierno insisten en sostener que la crisis económica mundial (que aparentemente será más severa de lo que inicialmente se esperaba) no nos impactará de sobre manera. Mientras que bancos y empresas importantes en Estados Unidos cierran puertas o piden programas de salvataje al gobierno federal, y las perspectivas de crecimiento de la economía norteamericana son desalentadoras, en el Perú la economía crecerá este año probablemente a una tasa no menor de 8%. ¿Es ello indicador de que el Perú está bien preparado para afrontar una crisis económica mundial? ¿Tiene sentido que el gobierno señale que la crisis mundial no nos afectará de sobre manera?

Uno de los efectos que la economía peruana ya ha sentido como consecuencia de la presente crisis mundial es el retiro de capitales de corto plazo, las restricciones de financiamiento a los bancos, las continuas fluctuaciones de la bolsa, y la depreciación del sol. Sin embargo, estos no son los peores posibles efectos de la crisis económica mundial en la economía peruana.

La historia económica del Perú (así como de muchas otras economías de la región) nos muestra que las crisis económicas mundiales han afectado a nuestras economías sobre todo a través de la menor demanda mundial por nuestras exportaciones. Este efecto no se siente en el corto plazo, sino en el mediano plazo. El Perú, como cualquier economía pequeña, depende en gran parte del desempeño del sector exportador. La recesión mundial está llevando a una disminución de los precios de nuestras exportaciones, lo cual se traducirá en menores ingresos, menores utilidades, menor crecimiento del empleo, y problemas serios para combatir la pobreza.

Históricamente, este ha sido el más importante canal a través del cual las crisis internacionales han afectado la economía peruana. Tras la peor crisis del siglo XX (la de 1929), por ejemplo, los precios de nuestras principales exportaciones (algodón y azúcar principalmente) cayeron estrepitosamente, lo que llevó a las firmas peruanas (hacendados y comerciantes) a tener severos problemas para pagar sus deudas. En las siguientes décadas (hasta la reciente crisis de 1998), la economía peruana ha sido afectada por las crisis mundiales, sobre todo a través de las caídas de los precios de las exportaciones.

La recesión mundial ya ha afectado los precios de nuestras exportaciones. Y las ha afectado mucho más que en los 1990s. Consideremos, por ejemplo, las exportaciones mineras. En las primeras dos semanas de noviembre, el precio del cobre se redujo en 45% con respecto al mismo período del año anterior. Para el mismo período, las reducciones en los precios de la plata, el zinc y el plomo fueron 37%, 56% y 59%, respectivamente. Los efectos de esta reducción de precios se sentirán en el mediano plazo, a través de menores ingresos, menores niveles de consumo, y menor capacidad de pago de las deudas.

La liquidez del gobierno (debido a altos precios de materias primas) es sin duda alguna una gran ayuda para enfrentar la crisis. Esto le permitirá al gobierno llevar a cabo políticas fiscales contracíclicas. Sin embargo, si la recesión mundial se agrava, la misma capacidad del gobierno para hacer frente a la crisis será menor.

¿Tiene sentido entonces que el gobierno señale que la crisis no nos golpeará de sobre manera? Si el problema de la crisis es puramente de expectativas, sí tiene sentido que el gobierno apacigüe las aguas. Sin embargo, si la crisis es real, y malos tiempos se avecinan, entonces mal hace el gobierno en mantener altas expectativas de crecimiento. Es importante que las familias y firmas tomen decisiones apropiadas en función de expectativas acordes con la realidad. Si la crisis no es solamente de expectativas y (tal como parece ser) bastante menor será el crecimiento de la economía en los próximos meses, entonces expectativas excesivamente positivas solo llevarán a malas decisiones por parte de las familias y las firmas, y el impacto negativo de la crisis en el bienestar de los peruanos será mucho mayor.

2008-09-16T13:00:00.000-07:00

Comentario (Inflación)
(Gestión, 8 de septiembre de 2008)

La última encuesta de la Universidad de Lima indica que la población percibe al gobierno como responsable del aumento de los precios. Por el contrario, algunas autoridades han señalado que los factores externos son los principales causantes de la inflación. Sin embargo, la expansión del gasto público y el crédito (que pueden ser afectados a través de las políticas fiscal y monetaria) ha tenido un efecto inflacionario a través de la demanda interna. El gobierno está tomando las medidas correctivas en política fiscal y monetaria. Sin embargo, dado el crecimiento de la demanda interna, la inflación difícilmente se reducirá en el corto plazo. Es más, en los próximos meses, el gobierno podría enfrentar un obstáculo adicional para la disminución de la inflación: el aumento de salarios nominales en respuesta a mayores expectativas inflacionarias.

2008-08-20T10:54:00.000-07:00

Las causas de la inflación. ¿Se calienta nuestra economía?
(El Comercio, 20 de agosto de 2008)

En los últimos meses, la inflación se ha convertido en uno de los problemas más importantes para este gobierno. En julio la tasa de inflación fue 5.8% con respecto a julio del año anterior, mientras que la inflación de diciembre del año pasado fue solo 3.9%. Es claro que la caída de la tasa de aprobación del gobierno de García, y el creciente descontento entre la gran parte de la población tienen que ver con el aumento de la inflación. Es necesario entonces que se lleve a cabo una discusión seria sobre las causas de la inflación y las políticas (si existe alguna) que lleven a su reducción.
Los funcionarios del gobierno y muchos economistas han salido a los medios a señalar que la inflación es causada por factores externos. Una pregunta surge entonces: ¿cuál es la evidencia que apoya tales aseveraciones? Algunos dicen que dado que la inflación externa ha aumentado, y la inflación doméstica también, entonces por el lado de la oferta factores externos deben ser los causantes del aumento de la inflación. Por ejemplo, si el precio internacional del trigo sube, entonces tiene sentido concluir que ello puede ser la causante del aumento del precio del pan. Similarmente, si el precio del maíz aumenta, entonces ello puede ser la causa del aumento del precio del pollo.
Este análisis tiene enormes falencias. Que la inflación externa y la inflación doméstica suban al mismo tiempo no significa que factores externos sean los únicos o los principales causantes del aumento de la inflación en el Perú. Como todos los economistas deberían saber, la inflación también puede ser causada por un excesivo crecimiento de la demanda interna. La demanda interna creció en 11% anual en el primer trimestre de este año. Este alto crecimiento de la demanda interna indica que es posible que el crecimiento de la inflación haya sido causado por factores domésticos además de factores externos. Entonces, ¿por qué las autoridades se empecinan en señalar que la inflación ha sido causada solamente por factores externos?
Varias interrogantes surgen en medio del debate. ¿Dónde están los estudios econométricos que indican que la inflación ha sido causada por factores externos? ¿Por qué las autoridades, especialmente aquellas dedicadas al diseño de políticas económicas, no dedican un mayor tiempo a realizar estudios científicos que los lleven a diseñar políticas serias? La inflación no va a disminuir porque las autoridades indiquen en los medios de comunicación que la inflación es causada solamente por factores externos. En todo caso, si ese fuese el caso, dichas autoridades deberían mostrar los estudios que apoyan dicha aseveración. Es más, si ese fuese el caso, y el Perú no pudiese hacer nada para controlar la inflación, ¿entonces por qué tenemos un régimen de inflation targeting?

2008-07-23T15:24:00.000-07:00

El presente de la academia económica en Perú

Ya cuando era estudiante de economía en el Perú, escuchaba los múltiples problemas que enfrentaban varias universidades peruanas "top" para realizar investigación económica seria. Claro, yo poco sabía de la realidad académica en otros países, así que nunca entendí bien la importancia de realizar investigación académica seria. Supuse que las consultorías que algunos profesores realizaban era investigación. Ahora entiendo claramente la diferencia entre esas consultorías "al gusto del cliente" y los papers académicos.

Cuando hablamos de investigación, nos referimos a realizar una contribución con la ciencia económica. Cuando hablamos de investigación académica, hablamos por ejemplo de la inclusión de rigidez en precios en un modelo de equilibrio general, de la determinación de la importancia de colusión en determinado mercado, de la modelación del comportamiento de los dirigentes políticos en un modelo de economía política, o de la estimación de la desigualdad de ingreso en un país en el siglo XVII.

Por el contrario, cuando hablamos de consultorías, hablamos de analizar las oportunidades de negocio en determinada industria, del análisis de la gestión de las políticas sociales, o de la elaboración de un "plan estratégico" para desarrollar el turismo en determinada región. Estas consultorías pueden ser interesantes, pero no constituyen investigación académica. ¿Acaso alguno de los reportes que se produzcan como resultado de estas consultorías será publicado en un journal académico? Claramente no.

El mundo académico de los Estados Unidos es notablemente diferente del peruano. Ello suena bastante sensato. Pero pocos entienden claramente por qué. Y cuando digo pocos, me refiero a un bajo porcentaje de la población total; pues en realidad casi todos los doctores en economía que hemos estudiado en universidades top entedemos la diferencia académica entre EEUU y Perú.

Las universidades norteamericanas (además de las top en Europa) tienen objetivos académicos claros: los profesores deben dedicarle algo de tiempo a enseñar, y mucho a investigar. Dichas investigaciones deben tener como objetivo ser presentadas en conferencias académicas, y publicadas en journals académicos (tales como American Economic Review, Journal of Political Economy, Econometrica, etc).

Por el contrario, los profesores en universidades peruanas se dedican mucho a enseñar, y a realizar consultorías o a escribir en periódicos. En el Perú, los profesores prácticamente no investigan.

No es sorprendente en estas circunstancias que las universidades peruanas que tienen prestigio en el Perú, no sean reconocidas internacionalmente. Para una persona que estudia un doctorado en economía en el extranjero, es claro y triste darse cuenta de que el Perú no existe en el mundo académico mundial.

Hay quienes señalan que el Perú es un país relativamente pobre y no tiene los recursos económicos para realizar investigación. El factor económico influye definitivamente. Pero otros países latinoamericanos (no mucho más ricos que el Perú) ya llevan varios años de esfuerzo académico importante. Está de más mencionar los muchos años de atraso de la academia peruana en economía comparada con la academia en México, Argentina y Chile. Pero cuando observamos la experiencia colombiana, nos podemos dar cuenta de que es posible impulsar la labor académica en el Perú. La Universidad de los Andes de Bogotá es un caso bastante interesante, por cuanto ha formado un departamento de economía bastante serio, con profesores a tiempo completo con doctorado en economía en las mejores universidades de Estados, Inglaterra y Europa continental. El departamento de economía de esta universidad tiene un objetivo claro en investigación, demostrando que es posible construir en no mucho tiempo un ambiente académico serio.

La receta para formar un ambiente académico serio no es secreta: se trata de crear los incentivos necesarios, que incluyan no solo remuneraciones acordes con el costo de oportunidad de un doctor en economía, sino además compromisos para investigar y, sobre todo, publicar. Para ello, es importante que los profesores (por lo menos, la gran mayoría) sean doctores en economía. Es inconcebible esperar un ambiente académico serio si casi todos los profesores solo tienen un grado de master o, peor, bachiller. Algunos dirán que el número de doctores peruanos en economía es bajo; pero ello no debería ser un obstáculo. Son muchos los países (incluyendo Colombia) donde las universidades contratan doctores de otros países. Más aún, el número de doctores peruanos en economía está en aumento, así que dicho obstáculo no es importante.

Es hora pues de que la academia peruana en economía sea seria. No se trata de que los profesores realicen consultorías, ni de que escriban en periódicos (aunque esporádicamente no tendría nada de malo que lo hagan), ni de que tengan como objetivo en la vida ser funcionario público. Aquí se trata de que las universidades peruanas adopten como misión imitar a sus pares norteamericanas. Es decir, que tengan como objetivo investigar y abandonar la posición actual de aislamiento en el mundo académico mundial. Otras universidades en la región lo están logrando. Y tengo la seguridad de en el Perú ello también se puede lograr.

2006-07-26T11:19:00.000-07:00

"Acción Colectiva, Regímenes Políticos y Crecimiento Económico: Hacia una discusión teórica"
Apuntes 46, Lima: Universidad del Pacífico

Resumen del artículo
No son pocos quienes opinan que la ausencia de debate y negociación es favorable al crecimiento económico, puesto que permite la aplicación de medidas económicas sin tomar en cuenta los intereses de ciertos grupos de presión. En este documento tratamos de demostrar que la realidad es totalmente contraria. Para ello, discutimos teóricamente cómo la producción de las reglas de juego es afectada por las características del mercado político, en particular por la acción colectiva y por la naturaleza del régimen político. Sobre la base de este análisis, concluimos que las reglas de juego son favorables al crecimiento económico si los costos de transacción por conformar una agrupación son despreciables, si las agrupaciones congregan a vastos sectores de la sociedad y cuentan con adecuados mecanismos de rendición de cuentas, y si el poder político no se encuentra concentrado.

2006-07-24T16:10:00.000-07:00

La economía de la corrupción. Hacia una comprensión de las causas de la corrupción y las estrategias para combatirla

Documento de Trabajo 43, Lima: Universidad del Pacifico

(libro publicado por la Universidad del Pacifico)

Presentación

La corrupción debe ser entendida como el resultado de un sistema de incentivos que lleva a algunos empresarios, accionistas, contribuyentes y consumidores a pagar sobornos, y a autoridades y empleados y funcionarios públicos de cualquier nivel a aceptar dichos sobornos. Dicho de otra manera, la decisión de un individuo de cometer un acto de corrupción parte de un análisis de costo-beneficio, es decir de la comparación de los ingresos que recibe dicho individuo y los costos que debe enfrentar al cometer un acto de corrupción.

Justamente, en este documento, el autor aborda el problema de la corrupción a partir de un análisis de costo-beneficio, a partir del cual analiza las causas de la corrupción y esboza los lineamientos de una estrategia anticorrupción efectiva. El documento está dividido en cinco secciones. En la primera sección, el autor discute por qué es importante enfocar la corrupción como el resultado de un análisis de costo-beneficio, y la naturaleza de la corrupción como una transacción entre un agente privado y un agente público. En la segunda sección, presenta un modelo matemático a través del cual formaliza la discusión, lo que permite extraer conclusiones robustas sobre las causas de la corrupción. En la tercera sección, extiende los hallazgos del modelo y comenta con mayor profundidad cómo ciertos factores económicos, políticos, sociales y culturales pueden promover el crecimiento de la corrupción. En la cuarta sección, formula algunos lineamientos generales que debe tomar en cuenta una estrategia anticorrupción. En la quinta sección, esboza algunas conclusiones y recomendaciones de política para nuestro país.

En la coyuntura peruana actual, en la que la sociedad civil y el gobierno procuran disminuir el problema de la corrupción, la formulación de lineamientos generales que se deben tomar en cuenta en la formulación de una estrategia anticorrupción se convierte en uno de los aportes principales del documento. Según el autor, esta estrategia debe partir de la concepción por parte de la sociedad y el gobierno que la corrupción es el resultado de un sistema de incentivos que promueven el comportamiento deshonesto de funcionarios, autoridades, empresarios, contribuyentes, etc. Por ello, si bien la persecución de los corruptos del pasado es un factor que genera credibilidad de la población en el gobierno, no garantiza por sí sola la disminución del problema. Además, existen otros elementos igualmente importantes que deben formar parte de la agenda: una penalización clara para aquellos que cometan actos de corrupción en el futuro, la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, la reducción de la intervención del Estado en la economía, la reducción de las distorsiones en la economía, y la mejora de la participación de la sociedad civil, entre otros, son factores que deben formar parte de la estrategia anticorrupción.

2006-07-24T15:20:00.000-07:00

Causas y Consecuencias Económicas de la Corrupción: Un análisis teórico y empírico

Documento de Trabajo 35, Lima: Universidad del Pacifico

(libro publicado por la Universidad del Pacifico)

Presentación

La corrupción de funcionarios públicos ha sido siempre un problema en muchos países del mundo. Sin embargo, en los últimos años, las denuncias contra funcionarios y autoridades -incluso Presidentes- por presuntos actos de corrupción han sido más frecuentes. Frente a esta realidad, la población ha adoptado una posición activa de rechazo contra los actos de corrupción. Numerosos profesionales de distintas especialidades (políticos, sociólogos, abogados, economistas, entre otros) han mostrado un creciente interés por el estudio de este fenómeno de carácter mundial. Entre los economistas, el estudio de este fenómeno mundial ha tomado mayor importancia en los últimos años, debido sobre todo a las recientes investigaciones que muestran una estrecha relación entre la corrupción y el desempeño económico de los países. Las opiniones al respecto son diversas y muchas veces contrarias. Sin embargo, aún no podemos hablar de corrientes de pensamiento claramente definidas entre los estudiosos de la corrupción. El análisis económico de la corrupción no ha llegado pues a alcanzar el desarrollo de otras áreas de la ciencia económica.
Ésta ha sido precisamente la motivación principal para la elaboración de este documento, el cual representa un aporte al estudio económico de la corrupción, particularmente en lo referente a sus causas y consecuencias económicas. Este documento pretende responder dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué los economistas deberían preocuparse por el estudio de la corrupción? Para responder a esa interrogante, se analizarán las consecuencias económicas de la corrupción. Si bien desde otras ópticas la corrupción puede ser calificada como favorable o desfavorable, en términos económicos debería existir una preocupación por el crecimiento de la corrupción si ésta produce subdesarrollo y pobreza. Las consecuencias económicas de la corrupción son negativas. Por ello, es relevante responder una segunda pregunta: ¿qué condiciones deben cumplirse para que la corrupción cuente con el ambiente propicio para crecer? Y, dadas las consecuencias económicas negativas de la corrupción, se plantearán algunas estrategias para combatir la corrupción o al menos para obstaculizar su crecimiento.
El documento está estructurado en cinco secciones. En la primera sección se discute la definición de corrupción, con el fin de delimitar el análisis a lo que estrictamente se defina como corrupción. En la segunda sección se analizan las consecuencias de la corrupción en el desempeño económico, tanto por el lado del crecimiento económico como por el de la distribución de la riqueza. En la tercera sección se analizan teóricamente las causas de la corrupción (se tratarán temas como la intervención del Estado en la economía; las falencias de rendición de cuentas de las autoridades, así como los bajos niveles de ingreso y educación). En la cuarta sección se abordarán empíricamente las causas de la corrupción, y se contrastará la validez de las distintas relaciones de causalidad esbozadas en la tercera sección. El análisis teórico y empírico de las causas de la corrupción es útil porque hará factible el establecimiento de estrategias para combatirla. Finalmente, en la quinta sección, se esbozan las consecuencias del análisis desarrollado en el documento y se discuten algunas recomendaciones para el caso peruano con el fin de reducir la corrupción o, al menos, obstaculizar su crecimiento.

2006-07-24T13:06:00.000-07:00

La corrupción: un análisis teórico-empírico
(Punto de Equilibrio, Año 9, No. 69, diciembre 2000-enero 2001)
Luis Felipe Zegarra
Mario Caballero

Una definición general de la corrupción es el uso de un cargo público en beneficio propio. Los casos de corrupción son varios e incluyen entre otros, al soborno, la extorsión, el fraude, la apropiación de fondos públicos con fines privados y la malversación de fondos públicos por políticos y funcionarios del Estado. En Perú, todas estas modalidades de corrupción se han cumplido, ya sea por la presencia de magistrados, jueces y funcionarios públicos corruptos como por la existencia de un servicio de inteligencia, que se encargaba de extorsionar y sobornar a quienes se opusieran al régimen. Esta corrupción institucionalizada desde el poder terminó por eliminar la independencia de muchas instituciones como la Sunat, el poder judicial y las FF.AA. Por otro lado, el alto grado de corrupción ha dejado como una de sus principales consecuencias un alto nivel de incertidumbre, que ha afectado el nivel de percepción de los inversionistas extranjeros, así como su disposición a invertir en el país.

Consecuencias económicas de la corrupción
De acuerdo con la teoría neoclásica, el crecimiento de una sociedad depende del intercambio comercial de los individuos y del grado de especialización del trabajo, los que se explican por el nivel de costos de transacción que enfrentan los individuos. Asimismo, para los neoclásicos, los costos de transacción no son determinados de manera exógena. Por el contrario, estos dependen de lo que ellos llaman las “reglas de juego”, que son códigos de conducta y normas legales establecidas con la finalidad de fomentar algunas acciones y restringir otras. En este contexto, la existencia de un marco regulatorio transparente, que defina y garantice los derechos de propiedad, que restrinja el comportamiento oportunista de los agentes públicos y que favorezca la estabilidad de las reglas de juego, incentivarán el crecimiento económico.
Por el contrario, cuando los agentes públicos -burócratas, funcionarios públicos, autoridades o jueces- abusan de su poder favoreciendo a ciertos grupos y marginando a otros, el resultado es una pérdida de confianza de los agentes privados con respecto a la validez de los derechos de propiedad y de los contratos pactados. En estas circunstancias, los más afectados son los inversionistas extranjeros y las pequeñas empresas, que son a menudo invadidas por burócratas e inspectores de impuestos con el fin de obtener sobornos.
Las presiones también provienen de los altos funcionarios, quienes imponen altos costos monetarios por otorgar licencias y autorizaciones. Por otro lado, la corrupción no solo afecta el nivel de inversión, sino también el destino de dicha inversión, al impedir el desarrollo de proyectos de largo plazo. En efecto, al no existir un conjunto de reglas claras, se fomenta el ingreso de capitales especulativos o en todo caso de corto plazo. En consecuencia, debido a que la corrupción genera inestabilidad en las “reglas de juego”, el efecto sobre el crecimiento económico es negativo.

Los efectos de la corrupción no se refieren únicamente a las menores tasas de crecimiento económico. Un mayor nivel de corrupción también incrementa el nivel de pobreza y afecta la distribución de la riqueza de un país. El incremento de la pobreza se da como consecuencia de un menor nivel de inversión privada. Asimismo, la corrupción fomenta un mayor nivel de evasión tributaria, así como excepciones en el pago de tributos para quienes poseen buenos contactos. Esto trae consigo una reducción de la base tributaria y de la progresividad del sistema tributario. Por otro lado, la corrupción también afecta el nivel de focalización del gasto social, ya que los proyectos sociales no van dirigidos a los más necesitados, sino a quienes tienen más contactos. Por último, la corrupción puede afectar la distribución del ingreso y la pobreza, en la medida en que afecta el desarrollo del capital humano, al reducir los niveles de gasto social en educación y salud.

¿Cómo controlar la corrupción?
El incremento de la corrupción en las economías emergentes, se debe al surgimiento de un conjunto de condiciones que han propiciado su desarrollo. En estas economías, la motivación por obtener mayores ingresos es sumamente fuerte, lo que responde principalmente al alto nivel de pobreza y los reducidos sueldos de la administración pública. Además de la fuerte motivación, las oportunidades de participar en actos corruptos son numerosas, como consecuencia del alto poder discrecional de muchos funcionarios públicos. La mayor intervención del Estado en los mercados privados, es una de las razones por las que los funcionarios tienen la capacidad de sobornar al público. Por ejemplo, en los países con mayores controles de precios y proteccionismo, los niveles de corrupción son mayores.
La falta de una fiscalización adecuada, que exija una completa rendición de cuentas, es otro factor que incentiva la corrupción, en la medida en que no existe un grupo de instituciones con la suficiente voluntad como para investigar y castigar los delitos cometidos por los funcionarios públicos. Por ello, en países donde las decisiones de los gobiernos son más transparentes, menos centralizadas y, por lo tanto, menos difíciles de controlar y penalizar, la corrupción es menor.
Finalmente, el poco desarrollo ético de los gobiernos en las economías poco desarrolladas es un común denominador que ha afectado de manera positiva el grado de corrupción.
Al ser la corrupción una transacción entre un agente público y uno privado, esta solo se realiza si los beneficios de dicha transacción supera a sus costos. Para el agente público, los beneficios se encuentran representados por el total de sobornos que recibe; mientras que los costos responden a la probabilidad de ser descubierto y penalizado. En el caso del agente privado, los beneficios están constituidos por el acceso privilegiado sobre un bien público escaso; mientras que los costos son el soborno ofrecido al agente público, así como la probabilidad de ser descubierto y penalizado.

En la medida en que el servicio ofrecido por el agente público sea de mayor calidad y la penalización esperada sea menor, los beneficios de la corrupción se incrementan. Si el agente público tiene influencia sobre el Parlamento, los tribunales de justicia, la prensa y, en general, sobre cualquier agente fiscalizador, es poco probable que sea penalizado por los actos de corrupción que cometa. Asimismo, un nivel bajo de ingreso y educación por parte de la población, reduce la probabilidad de que los actos de corrupción sean detectados, pues los pobladores gozan de menores flujos de información, con lo que las decisiones de las autoridades resultan menos transparentes.
En este contexto, la corrupción se puede controlar a través de un conjunto de reformas de carácter económico-institucional. En el campo económico, los actos de corrupción dejan de ser efectivos en la medida en que los agentes públicos disminuyan el poder discrecional que mantienen. Por ello, algunas medidas como la reducción de aranceles y otros obstáculos al comercio internacional, la eliminación de subvenciones a empresas, la reducción al mínimo de la reglamentación, los requisitos para licencias y otros obstáculos a la entrada de nuevas empresas e inversionistas, sumado a la privatización de bienes del Estado, permitirían reducir el grado de control de los agentes públicos. En el campo institucional, se requiere una reforma de la administración pública; la mejora de la función presupuestaria, de la gestión financiera y de la administración fiscal; y el fortalecimiento de los sistemas legales y judiciales. Asimismo, la existencia de una prensa libre es fundamental. Tanto la promulgación como el mantenimiento de leyes restrictivas contra la difamación para proteger a políticos y funcionarios, deben combatirse para proteger la libertad de expresión y de información de los ciudadanos.

2006-07-24T12:32:00.000-07:00

Marginación política y conflicto social: ¿Por qué es el Perú un país subdesarrollado?

(Punto de Equilibrio, Año 8, No. 62, septiembre-octubre 1999)

Desde muchos años atrás, muchos estudios han intentado descubrir las causas del subdesarrollo latinoamericano, con el fin de plantear propuestas que permitan alcanzar el ansiado progreso económico. Algunos estudios han explicado el subdesarrollo latinoamericano como consecuencia de relaciones problemáticas con el exterior (Kay, 1989); mientras que otros autores, como Thorp y Bertram (1978) y Cotler (1978), sostienen que la segmentación de la sociedad y la ausencia de una clase dirigente fueron cruciales para nuestro permanente subdesarrollo. Por su parte, Gonzales de Olarte y Samamé (1991) hablan del "péndulo peruano", es decir de la inestabilidad de las políticas económicas, como explicativa de nuestro pobre desempeño económico.
A su vez, el presente artículo intenta explicar el subdesarrollo económico peruano como consecuencia de las políticas mercantilistas y la inestabilidad jurídica, las cuales a su vez han sido consecuencias de la inexistencia de partidos políticos que canalicen efectivamente las necesidades de la población y de la concentración del poder político en manos del Presidente de turno.

Mercantilismo e inestabilidad jurídica
La historia económica del Perú y, en general, de América Latina nos ha enseñado que, al menos durante este siglo, aunque aparentemente muchos gobiernos buscaron por medio de la aplicación de sus políticas mejorar el bienestar de la población, en la práctica los resultados de tales políticas fueron negativos. En la región, el mercantilismo, que hasta hoy en día tiene muchos adeptos, se tradujo en el otorgamiento de derechos monopólicos y oligopólicos u otro tipo de favores (por ejemplo, subsidios, exoneraciones tributarias y precios especiales) a determinados grupos privilegiados, generalmente cercanos a los gobernantes de turno. Los defensores de estas políticas sostuvieron que dichas medidas beneficiarían a todo el país, sobre todo a los más necesitados; sin embargo, tales políticas no solucionaron el problema de la desigualdad del ingreso y más bien obstaculizaron el crecimiento económico.
Por otro lado, las medidas económicas nunca fueron capaces de mantenerse en un sistema tan inestable y dependiente de quién sea el Presidente de turno. De ahí que en el Perú las políticas económicas hayan cambiado casi totalmente cada 20 años, aunque por cierto siempre existieron grupos de poder privilegiados. De esta manera, los sistemas político-económicos latinoamericanos, y en particular el peruano, no han sido capaces de producir medidas estables ni reglas claras, pero sí han sido hábiles para mantener los privilegios de algunos grupos de poder. Precisamente, la inestabilidad de las reglas de juego y el mantenimiento de ciertos privilegios han sido las razones principales del subdesarrollo peruano y del de muchos países latinoamericanos. Nunca fue posible mantener un clima apropiado para inversiones de largo plazo. Y si existían inversiones de mediano alcance, éstas se llevaron a cabo casi exclusivamente en los campos en los que las tasas de rentabilidad esperadas eran considerables (el riesgo fue siempre elevado en un país tan poco estable como el nuestro). Fue por ello que las inversiones más comunes se produjeron en las actividades extractivas, caracterizadas por altos retornos en el corto plazo y, por ende, por una rápida recuperación del capital invertido. Por otro lado, los grupos privilegiados nunca se vieron en la obligación de desarrollar mecanismos eficientes de producción, porque se encontraban protegidos contra la competencia nacional y extranjera. Todos estos hechos devinieron en mercados ineficientes, con empresas acostumbradas a la protección y no a la competencia, con inversiones casi exclusivamente en las actividades extractivas, con el consiguiente progreso de algunos sectores privilegiados y la postergación de las grandes mayorías.

Marginación política: la raíz del problema
Desde siempre, el sistema político peruano se ha caracterizado por una limitada participación ciudadana. Si bien desde finales del siglo XIX han existido partidos políticos que han dicho representar a toda la población, en realidad ellos siempre fueron sumamente elitistas y caudillistas, con líderes relacionados verticalmente con sus bases. Además, en la mayoría de gobiernos, el Presidente de turno civil o militar fue capaz de concentrar todo el poder político en sus manos, de tal manera que pudo cambiar las reglas de juego como y cuando quiso.
Por ello, hasta mediados de este siglo, los gobiernos pudieron favorecer a los sectores oligarcas a través de la imposición de ciertas políticas económicas, a tal punto que el manejo político dependió siempre de los deseos de la oligarquía, compuesta principalmente por terratenientes, que buscaron materializar sus demandas mediante relaciones estrechas con el gobernante de turno. Debido a ello, las reglas de juego siempre tuvieron como objetivo favorecer a estos oligarcas. Fue así que la ausencia de representación de los sectores populares, sobre todo rurales, los convirtió en presa fácil de muchos abusos. Es conocido, por ejemplo, que los campesinos pobres estuvieron siempre al acecho de muchos hacendados quienes los despojaron de sus tierras. La ausencia de derechos de propiedad claros y garantizados para todos los miembros de la sociedad y la inexistencia de un Poder Judicial independiente fueron las causas primordiales de esa realidad. Por otro lado, el manejo clientelista de los recursos fiscales devino en que éstos fueron destinados a proyectos que favoreciesen a aquellos que eran allegados al gobierno, de tal manera que los recursos fiscales no se manejaron en función de qué proyecto de inversión ofrecía las mayores tasas de rentabilidad social.
Pero las consecuencias negativas de la marginación de los sectores populares fueron mucho más graves. Debido a la ausencia de representación durante toda la historia republicana, era comprensible que los sectores populares sintieran que las relaciones con los empresarios (con los “ricos”, los “capitalistas”, los “explotadores”) eran un juego de suma cero, de tal manera que la única manera de estar mejor era si los empresarios estaban peor. La acción colectiva de los sectores populares no tuvo como fin llegar a acuerdos de largo plazo con los gremios empresariales. En la mentalidad de las organizaciones populares, era necesario entonces demandar políticas redistributivas y populistas, vía reinvindicaciones laborales, mayor gasto público, mayores impuestos a los capitalistas, etc.

Además, según Cotler (1994), el ambiente hostil contra el Partido Aprista contribuyó a que desde 1930 hasta la década de los cincuenta se fortaleciera el carácter “leninista, militante e intolerante de esa organización, actitud que se concretó en la clásica consigna ‘sólo el APRA salvará al Perú’”. Esta característica determinó la disciplinada unidad y fortaleza del APRA, pero al mismo tiempo obstaculizó la renovación de la dirección aprista y la ampliación de las bases, así como el establecimiento de mecanismos para reglamentar los cambios y la sucesión de la jefatura partidaria. Las opiniones del máximo líder Haya de la Torre no podían pues ser discutidas ni menos contrariadas por cualquier militante.
Esta naturaleza vertical no fue propia del APRA, pues se enraizó en gran parte de la sociedad, sobre todo en los sectores populares. Las organizaciones populares que aparecieron desde finales de la década de los cuarenta también adoptaron ese estilo de participación. En los sindicatos de trabajadores y partidos políticos de izquierda, las opiniones del líder tenían que ser aceptadas por las bases sin mayor discusión. Los sindicatos sufrieron entonces una suerte de colonización por parte de los líderes de los partidos políticos, quienes no fomentaron el diálogo con las bases y, en muchos casos, se sirvieron del poder político que la dirigencia les ofrecía para lograr sus objetivos personales antes que el de sus bases.
Todos estos factores políticos explican por qué desde la década de los cincuenta, cuando mejoró la participación de los sectores populares, las políticas económicas tendieron a ser aún más inestables que antes y no tuvieron como objetivo primordial el crecimiento económico, sobre todo durante los gobiernos de Juan Velasco (1968-75), Fernando Belaunde (1963-68 y 1980-85) y Alan García (1985-90). La tradicional marginación política de los sectores populares, los deseos por mejorar en el corto plazo a costa de los “ricos”, y la ausencia de mecanismos de debate al interior de los partidos políticos promovieron la aplicación de políticas populistas que aparentaron favorecer a los más pobres, pero que en realidad agravaron los problemas económicos del país. La aplicación de estas políticas populistas no significó que se dejara de lado el tradicional mercantilismo. Al contrario, desde finales de los sesenta, el Estado aumentó la intervención en los mercados con el fin de proteger a ciertos grupos empresariales privilegiados, de la misma manera que cuando la oligarquía imponía las reglas de juego.

Los resultados económicos de las políticas populistas y mercantilistas fueron lamentables. Entre 1960 y 1990, el PBI creció en tan sólo 2.5% promedio anual, mientras que en la década de los cincuenta la tasa de crecimiento había sido 5.7% anual. Además, entre 1960 y 1990 la inflación promedio anual fue 89%, mientras que en la década de los cincuenta había sido 7.5%. Es decir, las políticas populistas devinieron en el estancamiento productivo y la aceleración de la inflación.

La década de los noventa: ¿un verdadero cambio de rumbo?
A partir de agosto de 1990, las reglas de juego parecen haber cambiado totalmente de tendencia. La política económica aplicada por el gobierno de Fujimori ha consistido en la eliminación de una serie de privilegios de los que gozaban ciertos grupos de presión, traducidos en controles de precios, elevados aranceles, exoneraciones tributarias, crédito subsidiado, etc. Desde un inicio de su gobierno, Fujimori procedió a la apertura comercial, la apertura financiera, la flexibilización del mercado de trabajo, la privatización de empresas públicas, y la aplicación de políticas macroeconómicas ortodoxas. Como consecuencia de estas políticas, el déficit público se redujo de 6.8% del PBI en 1990 a 0.9% en 1998, las reservas internacionales netas aumentaron de US$-105 millones en julio de 1990 a US$9,183 millones en diciembre de 1998, la inflación se redujo de 7,481% en 1990 a sólo 6% en 1998, la inversión privada aumentó de 12.9% del PBI en 1990 a 20.8% en 1998, y el producto bruto interno ha mostrado tasas positivas de crecimiento desde 1993.
Aparentemente, estas cifras muestran que la década de los noventa ha significado para el Perú un rompimiento con su tradicional historia de mercantilismo y concesión de privilegios. Sin embargo, esta política no se ha logrado sobre la base de una negociación amplia. Este gobierno más bien ha impuesto las reglas de juego sobre los intereses de algunos grupos de presión, tales como sindicatos de trabajadores, gremios empresariales y partidos políticos, y no ha apelado a la negociación ni al debate con los representantes de la sociedad civil. Empero, no podemos negar que como consecuencia de la concentración del poder político en las manos de Fujimori, el gobierno ha emprendido varias reformas en forma rápida, sin mayor obstáculo. El autogolpe de Estado en abril de 1992, la Constitución de 1993, la sumisión de los parlamentarios de Cambio 90 y Nueva Mayoría a los deseos de Fujimori y la restricción de la libertad de prensa así lo han permitido. Sin embargo, la misma concentración del poder también permitiría un cambio total de reglas de juego si así lo desea el Presidente de turno, por lo que habría que depender de su benevolencia y su sabiduría.
Por otro lado, por más que se hayan aplicado algunas medidas importantes que han llevado a la reducción del déficit público y de la inflación, aún hacen falta varias reformas que incentiven la inversión privada y el crecimiento económico. Es vital continuar con el proceso de privatizaciones y concesiones, con la reforma del Estado y con una mejor definición de los derechos de propiedad en sectores como el agropecuario. Sólo entonces, lograremos un mayor flujo de inversiones a proyectos de largo alcance y no sólo capitales especulativos. Pero para continuar con estas reformas estructurales, es necesario llegar a consensos mínimos con los representantes de los diferentes sectores de la sociedad, llámense gremios empresariales, sindicatos de trabajadores, organizaciones populares, comunidades campesinas, partidos políticos, etc. En caso contrario, quienes hoy son marginados del debate, desearán modificar casi totalmente las reglas de juego bajo la concepción de que la única manera de mejorar su situación es con “reinvindicaciones” a costa de quienes hoy imponen las medidas económicas. Esto es más grave si consideramos que hoy en día los partidos políticos son mucho menos representativos que en el pasado. La alianza Cambio 90-Nueva Mayoría por ejemplo es una organización política mucho más caudillista y verticalista que los partidos políticos “tradicionales”.

En consecuencia, si realmente queremos sentar las bases para el desarrollo económico del país, desterrando para siempre las políticas mercantilistas y populistas, debemos apostar por la desconcentración del poder, por la organización de la sociedad en torno a partidos políticos efectivamente representativos y por la negociación y el debate entre los diferentes sectores de la sociedad civil. Sólo así, evitaremos que el Presidente de turno aplique las medidas que mejor le parezcan y que los grupos marginados presionen por políticas mercantilistas y populistas cuando no por el cambio total de las reglas de juego.

2006-07-24T11:40:00.000-07:00

Populismo y concentración de poder: Alan García y el desastre económico aprista
(Punto de Equilibrio, Año 8, No. 59, marzo-abril 1999)

El objetivo de este artículo es analizar no sólo la política económica seguida por Alan García y sus desastrosas consecuencias, sino sobre todo por qué fue tan fácil para el ex-Presidente García aplicar tales medidas. Tal como veremos, las debilidades del sistema político peruano traducidas en partidos políticos poco representativos y concentración de poder político en manos del Ejecutivo fueron condiciones necesarias para que el populismo económico haya renacido en nuestro país.

La historia republicana: autocracias y falencias de representación
El sistema político peruano se ha caracterizado por la existencia de elementos autocráticos y deficientes mecanismos de representación de la población. Por un lado, prácticamente todos los gobiernos se han caracterizado por su notorio autoritarismo y concentración del poder político. Incluso los gobiernos aparentemente democráticos han sido en realidad dictaduras plebiscitarias, pues la participación de la sociedad civil se ha reducido a elecciones casi siempre elitistas y poco competitivas.
Por otro lado, los partidos políticos nunca fueron capaces de representar adecuadamente a la sociedad civil. Los partidos de derecha representaron claramente los deseos de los gremios empresariales, y nunca tuvieron la intención de llegar a un consenso con los representantes de las organizaciones populares, con quienes más bien existió un conflicto. Por su parte, los partidos de izquierda siempre mantuvieron relaciones verticales con las organizaciones populares, de tal manera que eran más importantes los logros personales de los políticos y dirigentes sindicales que los de las organizaciones populares, las cuales a su vez no congregaban a todos los sectores populares (recordemos que por ejemplo el sector informal nunca estuvo representado por partido político alguno y que la canalización de las demandas de los sectores rurales dejó mucho que desear).
Estas debilidades del sistema político peruano nunca permitieron una real y efectiva participación de todos los sectores de la sociedad civil en la vida política del país. Debido a ello, la población siempre estuvo ajena al debate de los asuntos públicos, restringiendo la posibilidad de que se llegue a un acuerdo sobre las líneas generales del programa económico, impidiendo la estabilidad de las reglas de juego y promoviendo más bien la aplicación de políticas económicas populistas.
Estas falencias del sistema político peruano son importantes para estudiar el gobierno de Alan García. Tal como veremos a continuación, el desastre económico de García es claramente explicado por la ausencia de mecanismos de participación ciudadana en la vida política y por la concentración del poder político en manos del Presidente. Sólo con la corrección de tales falencias, seremos capaces de evitar un nuevo colapso de nuestra economía.

La dictadura aprista y el desastre económico
Una vez en el gobierno, Alan García fue capaz de congregar en sus manos todo el poder político para hacer y deshacer lo que quisiese, como quisiese y cuando quisiese. Alan García supo aprovechar las enormes debilidades del sistema político peruano, con una población sumamente ignorante en materia económica y fiel receptora de las limosnas populistas de cualquier gobierno.
De hecho, García fue más autoritario y personalista que su predecesor, Fernando Belaunde, con una mayoría parlamentaria dócil y con la maquinaria aprista copando todas las instancias del poder —llámense no sólo Parlamento, sino además Poder Judicial, Tribunal de Garantías Constitucional, entre otras entidades estatales—. Ello desmejoró la rendición de cuentas de las acciones del Presidente y, por lo tanto, facilitó la aplicación sin mayor debate de un programa económico populista y el crecimiento de la corrupción en todas las instancias del poder.
Tampoco se institucionalizaron canales de debate con las organizaciones económicas, políticas y sociales existentes, y García optó más bien por la interacción con ciertos grupos empresariales de élite (los llamados "doce apóstoles") y relaciones plebiscitarias con masas convocadas para escucharlo que en su mayoría eran beneficiarias de los programas asistencialistas del gobierno.
En este contexto apropiado para sus experimentos, García aplicó una política económica caracterizada por la intervención desmedida en los mercados privados. Por un lado, los mercados de bienes y servicios sufrieron serias distorsiones al dictarse el congelamiento de los precios y el aumento de los aranceles y las restricciones para-arancelarias. El mercado cambiario sufrió también los embates del intervencionismo al establecerse tipos de cambio diferenciados según los criterios del gobierno.
En un inicio, estas medidas lograron la reducción temporal de las expectativas inflacionarias, lo que devino en la disminución la inflación y la recuperación de la actividad económica. Mientras que en agosto de 1985, la inflación fue de 200% promedio anual y la tasa de crecimiento del PBI de -5%, en agosto de 1986, la inflación se redujo a 55% y la tasa de crecimiento del PBI llegó a 16%. Al mismo tiempo, los sectores laborales experimentaron mejoras ostensibles de sus remuneraciones reales.
Sin embargo, el desabastecimiento de los productos sujetos a controles de precios mellaron la credibilidad del público del programa. Además, eran preocupantes la pérdida de reservas internacionales (entre agosto de 1985 y diciembre de 1987, las reservas internacionales netas disminuyeron de US$894 millones a US$43 millones) y el creciente déficit público (en 1987 el déficit económico del gobierno central llegó a 6.1% del PBI, mientras que en 1985 dicho porcentaje fue 2.3%), el cual era financiado con mayor emisión de circulante. En agosto de 1987, la inflación llegó a 86% promedio anual y la tasa de crecimiento del PBI fue de 5% con respecto al mismo mes del año anterior. Es decir, los resultados obtenidos durante los primeros meses de la gestión de García empezaban a ser cosa del pasado.
Frente a estos hechos, lamentablemente García y sus asesores no aplicaron las medidas correctivas necesarias. Más bien, las medidas adoptadas fueron gradualistas, y consistieron durante 1998 en cuatro paquetazos que implicaban sobre todo el aumento de los precios de la gasolina, de la electricidad y otros productos con el fin de mejorar los ingresos tributarios del Estado. Además, la política monetaria fue restringida, pero sin desechar de plano el intervencionismo que había generado la crisis. Dado que la confianza en el gobierno se había reducido substancialmente, las medidas económicas afectaron seriamente el crecimiento de la economía. En diciembre de 1988, la tasa de crecimiento del PBI fue -31%, y la inflación fue 1715% promedio anual.
Los "paquetazos" permitieron la reducción del déficit público y la recuperación de reservas internacionales. En 1988, el déficit económico del gobierno central fue 3.1% del PBI, notoriamente inferior al 6.1% mostrado en 1987. Por su parte, las RIN pasaron de US$270 millones en agosto de 1988 a US$370 millones en agosto de 1989.
Sin embargo, hacia el final del gobierno aprista, en forma irresponsable García y sus asesores aplicaron medidas populistas, con el fin de evitar un desastre político en las elecciones de 1990. Las remuneraciones reales mejoraron ligeramente y los tipos de cambio múltiples se mantuvieron. En julio de 1990 las RIN fueron US$-105 millones, la inflación llegó a 3,040% promedio anual y la tasa de crecimiento del PBI fue de -6% con respecto al mismo mes del año anterior. El Perú estaba destrozado.

En consecuencia...
La moraleja que podemos extraer del lamentable experimento aprista entre 1985 y 1990 es que el populismo económico sólo genera crisis económica y profundiza la pobreza. Pero debemos comprender además que la única manera de evitar tales medidas es con la democratización de nuestro sistema político, de tal manera que los gobernantes rindan cuentas de sus acciones y que sus programas económicos surjan de un debate con los distintos sectores de la sociedad.
De esta manera, para que el populismo económico no se implante nuevamente en nuestro país, necesariamente la sociedad civil debe gozar de una mayor participación y representatividad política. Sólo así, con el transcurso de los años, los ciudadanos como demandantes de las reglas de juego comprenderán que experimentos como el aplicado por García y sus asesores tan sólo producen incertidumbre, corrupción, desempleo, informalidad, subdesarrollo y pobreza. Los mismos ciudadanos exigirán un mayor equilibrio de poderes, la rendición de cuentas de las autoridades y la descentralización del poder en favor de los gobiernos locales. Ello fomentará una mayor participación ciudadana y, a través de la autogestión, la aplicación de medidas que nos lleven por la senda del progreso.

Las cifras de Alan
El programa económico aprista apeló a la intervención desmedida en los mercados privados y a políticas macroeconómicas poco serias. Las consecuencias de este programa fueron desastrosas. Durante los cinco años de gobierno aprista:
• La inflación acumulada fue 2'178,481%, lo que significa que en promedio los precios aumentaron casi 22 mil veces.
• El Producto Bruto Interno decreció en 7.4%, lo que llevó a que el PBI percápita de 1989 no sólo fuese el más bajo de la década de los ochenta, sino que además llegase a niveles de los sesenta.
• La producción agropecuaria decreció en 22% y la producción manufacturera creció apenas en 2% • La inversión extranjera directa apenas fue de US$80 millones.
• La liquidez real del sistema financiero se redujo en 80% lo que redujo el potencial de intermediación financiera.
• Las Reservas Internacionales Netas cayeron de US$894 millones a US$-105 millones.
• La deuda externa aumentó de US$13 mil millones a US$20 mil millones.
Este lamentable desempeño económico se tradujo en menores ingresos de la población y
menores niveles de bienestar.
• Mientras que en 1984, el 51% de la población de Lima Metropolitana estaba adecuadamente empleada. En 1989, sólo el 18% gozaba de esa condición.
• Los sueldos reales disminuyeron en más del 30% entre julio de 1985 y julio de 1990.
• En los cinco años de gobierno aprista, se produjeron 3,500 huelgas, que se tradujeron en más de 90 mil horas-hombre perdidas.

2006-07-24T11:16:00.000-07:00

Revisando la historia. El gobierno de Bustamante y la política económica aprista.
¿Cualquier parecido es pura coincidencia?
(Punto de Equilibrio, Año 10, No. 71, abril-mayo 2001)

En esta campaña electoral, Alan García ha sostenido en repetidas oportunidades que ya no cometerá los mismos errores que en el pasado, que respetará los equilibrios macroeconómicos, que no aplicará controles de precios, que respetará la libertad de mercado y que no aplicará políticas populistas vía el derroche de los recursos públicos y la emisión inorgánica de circulante. Varios sectores de la población peruana parecen creerle. Al menos en la primera vuelta electoral, García obtuvo alrededor del 25% de los votos válidamente emitidos y podría seguir subiendo en las preferencias electorales. Cuando conversamos con quienes votarán por García en la segunda vuelta y les pedimos que nos digan si no creen que García llevará a cabo un gobierno tan malo como el primero, la gran mayoría nos comenta que eso no es posible, que García ya ha madurado, que está arrepentido de sus errores y que más bien enrumbará a la economía por el camino del progreso. ¿Es esto posible?
Un primer problema es que García aún mantiene los sesgos heterodoxos en su mensaje. Pero este no es el único problema. Existe otro más importante, que tiene que ver con la concepción sobre la política económica, no solo de García sino además de muchos otros dirigentes apristas. ¿Acaso García no representa a un partido que está mejor estructurado que la mayoría de movimientos caudillistas que actualmente existen? Entonces, si García proviene de y representa a un partido bien organizado, la realidad no es tan simple como para señalar que García fue el único responsable de su gobierno ni para señalar que, en un eventual gobierno de García, solo deberíamos preocuparnos por sus ideas económicas y no por las de otros dirigentes apristas, a quienes él debe rendir cuentas.
En estas circunstancias, la historia se torna muy relevante. La historia nos puede ofrecer evidencia valiosa sobre la política económica aprista. Son varios los episodios históricos que nos muestran que no sólo García, sino además muchos dirigentes apristas, conciben como ‘óptima’ una política económica con controles excesivos. Uno de los mejores ejemplos es el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero (1945-48). ¿Por qué es importante este gobierno? Porque, tal como veremos en las siguientes líneas, el Partido Aprista tuvo una influencia decisiva en la política económica. Curiosamente (de manera similar a lo ocurrido en el gobierno de García), durante el gobierno de Bustamente, los controles de precios, del tipo de cambio y de las importaciones, y el consiguiente desabastecimiento de productos, mercados negros y corrupción formaron parte de la vida económica de nuestro país.
El APRA y la elección de Bustamante
Hasta antes de 1945, la representación de la sociedad civil en nuestro país había sido sumamente restringida. El triunfo de Bustamante y Rivero en las elecciones de 1945 como líder del Frente Democrático Nacional (FDN), que congregaba a intelectuales y políticos, entre los cuales los más importantes fueron los apristas y los reformistas moderados, pareció representar un cambio profundo en la forma de hacer política en el país, pese a que aún la participación popular en el proceso electoral era limitada. Dado que el APRA tenía aceptación sobre todo entre los sectores medios y populares urbanos, una vez que el FDN llegó al poder, los sectores populares sintieron que al fin podrían satisfacer sus demandas, deseos que se vieron fortalecidos por la aparición de un mayor número de sindicatos.
En estas circunstancias, tras el triunfo electoral del FDN, “parecía que las fuerzas oligárquicas estuvieran por caer de sus pedestales por el movimiento de masas. Los cambios se dejaron sentir de inmediato con la multiplicación de organizaciones sindicales, obreras y campesinas que pedían aumentos salariales y nuevas y mejores condiciones de trabajo; en la formación de organizaciones estudiantiles y en la eliminación de los profesores oligarcas de las universidades, así como en la implantación del gobierno estudiantil en los centros de estudios superiores y la sustantiva ampliación de los márgenes de ingreso estudiantil; en el encumbramiento de nuevos escritores que representaban las reivindicaciones populares; en la rápida difusión de nuevos medios de comunicación que planteaban los aspectos de la problemática política y económica de los sectores populares. En fin, era muy claro el replegamiento de las fuerzas oligárquicas en todo orden, salvo el de la propiedad” (1).
Hasta antes del gobierno de Bustamante los sectores populares no habían tenido representación política adecuada, por ello, el populismo económico tenía las puertas abiertas para desarrollarse. Entonces, el APRA pudo aprovechar su poderosa presencia en el Congreso y en el Ejecutivo y aplicar una política de controles de precios, de importaciones y del tipo de cambio, así como políticas macroeconómicas populistas, medidas que propiciaron el aumento de la inflación, el desabastecimiento de los productos de primera necesidad, el surgimiento de mercados negros, el caos, la corrupción y el descontento popular.
La política económica de Bustamante
Desde el inicio de su gobierno, Bustamante tuvo que hacer frente a las presiones del Partido Aprista (además de los sindicatos y de las distintas organizaciones populares) por medidas económicas urgentes que ‘beneficien’ a los sectores populares. La manera más rápida que encontró el gobierno para satisfacer las exigencias populares fue el establecimiento de controles de precios, la restricción de las importaciones que competían con la producción nacional, y la compra-venta de dólares a diferentes tipos de cambio establecidos por el gobierno.
En lo que se refiere a los controles del tipo de cambio y de las importaciones, el gobierno restringió o inclusive prohibió las importaciones de bienes de consumo, especialmente las de lujo, y subsidió las importaciones de insumos y bienes de capital, con el fin de favorecer a la producción manufacturera. En enero de 1945, el gobierno fijó el tipo de cambio en S/. 6,5 y estableció el régimen de control de las importaciones, para lo cual los importadores requerían presentar licencias con el fin de recibir las divisas necesarias de parte del Banco Central de Reserva (BCRP). Como los exportadores debían entregar al BCRP el 100% de las divisas obtenidas por sus ventas al exterior, por las cuales obtendrían soles al tipo de cambio oficial, el BCRP era el único que podía vender dólares a los importadores. De esta manera, eran los funcionarios públicos y no los propios productores y consumidores quienes asignaban las divisas oficiales, según los objetivos del gobierno.
De esta manera, el Estado aplicó una política de control de precios, especialmente a los productos de primera necesidad (2). Esta política, junto con la de control del tipo de cambio y la restricción de las importaciones, según sus defensores, tenía como objetivo contener la devaluación y las presiones inflacionarias, sobre todo referidas a los productos de primera necesidad, lo que devendría en la disminución del costo de vida. En este sentido, la política de Bustamante tenía como beneficiarios directos a los sectores populares. Sin embargo, en la práctica, fue imposible evitar el caos y la corrupción en la aplicación de estas políticas, sobre todo cuando los precios y el tipo de cambio en el mercado negro eran cada vez mayores.
El aumento constante de los precios en el mercado negro se produjo como consecuencia de la creciente demanda por alimentos ante el crecimiento demográfico y de la mayor urbanización, del estancamiento de la oferta agropecuaria y del crecimiento explosivo de los precios internacionales de los alimentos. En estas circunstancias, dado que era más rentable vender en el mercado negro que en los mercados oficiales, los controles provocaron el crecimiento de la especulación. Para contrarrestar esta situación, el gobierno abrió puestos de venta oficiales para los artículos de primera necesidad sujetos a control de precios. Sin embargo, esta medida generó un mayor caos, arbitrariedad y corrupción. El desabastecimiento estaba a la orden del día. Ante esto, empezó a surgir la creencia de que a diferencia del resto de la población, los apristas sí podían acceder a los productos escasos.
En el caso de la restricción de importaciones y del tipo de cambio fijo, también se fomentó la especulación y la corrupción. Debido a que el gobierno permitió la importación de bienes de capital e insumos y restringió la de bienes de consumo, especialmente textiles, se evitó la competencia extranjera, lo que favoreció a un pequeño grupo de empresarios a costa de las grandes mayorías de consumidores, quienes se enfrentaron a productos de baja calidad y caros.
Como el tipo de cambio oficial se mantuvo por debajo de su valor en el mercado negro, importar con divisas oficiales se convirtió en una actividad altamente rentable, por lo que rápidamente aumentó el interés de las empresas por dedicarse al negocio. Esto se vio agravado por la falta de competencia y/o moralidad de las comisiones encargadas de supervisar la asignación de divisas oficiales. El hecho es que la sobrefacturación parece haber sido una práctica bastante común. En estas circunstancias, el deseo evidente era obtener divisas al cambio oficial que, convertidas en importaciones, podían venderse al doble o triple de su valor. Muchas de las solicitudes no contaban probablemente con un adecuado respaldo en soles, pero tener una licencia aprobada era poseer un capital que podía multiplicarse. Con el transcurso del tiempo aparecieron cada vez más importadores, no porque hubiese existido un crecimiento explosivo de la demanda por los productos importados, sino por la alta rentabilidad que implicaba comprar dólares baratos y comerciar los productos importados. Por ello, se expandió el crédito bancario dirigido principalmente a créditos para la importación. El gobierno intentó, por medio de la persuasión, que los bancos disminuyesen los préstamos dedicados a importar y aumentaran los dirigidos a la producción agrícola e industrial. Sin embargo, dado lo atractivo de dedicarse a la actividad importadora, los intentos del gobiernos fueron infructuosos.
Debido a estos problemas, el gobierno decidió en junio de 1947, no solo prohibir ciertas importaciones, sino además priorizar las importaciones legales, estableciendo cuatro categorías. La categoría A comprendía alimentos, necesidades del Estado e insumos para las industrias de exportación y mercado interno. Estos bienes podían importarse al tipo de cambio oficial. En las categorías B y C, estaban comprendidos los bienes necesarios pero no indispensables, que podían importarse con las divisas propias, las cuales provenían del turismo, de la repatriación de capitales y de los certificados de oro. En la categoría D se encontraban los bienes de lujo o producidos en el país, cuya importación estaba prohibida. Además, el gobierno eliminó el requerimiento de licencia para la importación de bienes de las categorías B y C, para lo cual se utilizarían las divisas provenientes del mercado libre.
La lógica de estas medidas era racionalizar el consumo de divisas. No importaba que se incrementen los precios de los bienes de las categorías B y C, pues ellos no eran consumidos mayormente por las clases populares. Es decir, se trataba de evitar el incremento del costo de vida de las clases más pobres. Sin embargo, los problemas no desaparecieron, pues la demanda de dólares oficiales seguía siendo superior a la oferta y el tipo de cambio libre crecía rápidamente. Esto era un serio problema, pues “los bienes importados con divisas oficiales tendían a aparecer en el mercado a precios del dólar libre” (3).
En setiembre de 1948, el gobierno dictó la devolución del 35% de las divisas de los exportadores, de tal manera que el 65% restante era retenido por el Estado. Además, estableció un impuesto a las importaciones B y C de S/. 3,5 por dólar y de S/. 10 para las importaciones D, las cuales hasta ese entonces fueron prohibidas.
Este relajamiento de los controles de las importaciones fue complementado con el relajamiento de los controles de precios y la disminución de la fiscalización de la comercialización. Se sustituyeron los precios fijos por los precios tope y se autorizaron sucesivas alzas de estos. A pesar de ello, las alzas no solucionaron el problema de la escasez. El malestar entre la población era evidente.
Las moralejas de la historia
La evidencia parece mostrar que las políticas de controles no son exclusivas de Alan García, sino de muchos dirigentes apristas. De hecho, hace ya más de 50 años (cuando García no había siquiera nacido), Bustamante aplicó una política económica basada en controles de precios, del tipo de cambio y de las importaciones, política que llevó a una severa crisis económica, caracterizada por el desabastecimiento de productos de primera necesidad, mercados negros, precios elevados y corrupción. La esperanza inicial que despertó el gobierno de Bustamante fue así rápidamente doblegada por la crisis económica y la escasez.
Esto tiene una relevancia especial en la coyuntura electoral actual, con un García señalando que ha cambiado, que ya no cometerá los mismos errores del pasado (que ya no incurrirá en cuantiosos déficit públicos, que ya no derrochará las reservas internacionales y que ya no se recurrirá a la emisión inorgánica de circulante) y con cientos de miles de peruanos creyendo en su palabra (que ahora sí García se convertirá en el Presidente de todos los peruanos y que nuestro futuro será diferente).
No dudamos de la honestidad de García. De hecho, estamos seguro que las medidas que propone parten de sus convicciones personales y partidarias sobre lo que es mejor para la economía peruana. Uno de los problemas es que, por más que haya cambiado, aún mantiene ciertos sesgos heterodoxos en sus propuestas. Pero un problema más importante es el que al interior de su partido, García no es el único obstáculo al libre mercado. ¿Sería suficiente que García haya cambiado y se haya convertido en un defensor del libre mercado para que, en caso él gane las elecciones, su gobierno nos lleve por el progreso económico?
Creemos que no. Después de todo, ¿acaso no es cierto que muchos dirigentes apristas (tal como sucedió durante el gobierno de Bustamante) consideran que el Estado debe intervenir activamente en la economía? ¿Acaso no es cierto que García, como dirigente de un partido más o menos bien estructurado y organizado, debe rendir cuentas a su partido, de tal manera que por más que él haya cambiado, las medidas que él aplique nunca dejarán de controlar excesivamente los mercados?
Notas
1. Cotler, Julio, Clases, Estado y Nación en el Perú, Lima: IEP, 1978.
2. Vásquez de los Ríos, Alberto, Economía y política durante el Gobierno de Odría (1948- 1956), Tesis para la obtención del Grado de Bachiller en Economía, Lima: Universidad del Pacífico, 1987.
3. Portocarrero, Maisch, Gonzalo, De Bustamente a Odría. El fracaso del Frente Democrático Nacional. 1945-1950, Lima. Mosca Azul Editores, 1983.

2006-07-20T13:04:00.006-07:00

Lo que no debemos olvidar: la economía bajo el gobierno de Alan García
(Punto de Equilibrio, Año 10, No. 70, febrero-marzo 2001)
Luis Felipe Zegarra
José Gallegos
Danica Nestorovic

Hoy que estamos ad portas de una nueva elección, es necesario que los electores estén bien informados. Hoy que tanta información escondida se está revelando –y consternando-, existe cierta tendencia a pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Los distintos regímenes que han gobernado a nuestro país pueden evaluarse desde diversas perspectivas. Con el ánimo de proveer información útil, en las siguientes líneas queremos hacer un recuento y análisis de las medidas económicas ejecutadas, así como sus efectos en el período 1985-1990: el gobierno del Dr. Alan García Pérez.

Viajemos en el tiempo y pongámonos cómodos para apreciar de la manera más objetiva posible nuestra historia económica reciente. El papel de la historia –sostienen algunos- es revisar nuestra memoria para sacar conclusiones, aprender de los errores y valorar los aciertos cometidos. El lector podrá utilizar dicha información como mejor crea conveniente.

Es julio de 1985 y toma juramento el Presidente más joven electo en este siglo. Contó con el respaldo e ilusiones de una buena proporción de la población. Recordemos que el candidato Alfonso Barrantes, que quedó segundo en las elecciones, declinó participar en la segunda vuelta en vista de la abrumadora mayoría que respaldó a García. Adicionalmente, García contó con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y una mayoría relativa fuerte en la Cámara de Senadores de aquel entonces. Tuvo todas las ventajas a su favor para hacer muchas cosas.

Cinco años después, el gobierno aprista dejó al país en la peor crisis económica que se recuerde, como consecuencia de la aplicación de un programa que se caracterizó por los controles de precios, las exoneraciones tributarias, los subsidios indiscriminados, la banca de fomento, los tipos de cambios diferenciados, los aranceles escalonados, el gasto público ineficiente, la emisión inorgánica de circulante y el despilfarro de las reservas. Veamos las causas.

¿Democracia representativa?

Cuando se analiza el gobierno de Alan García se puede apreciar que, si bien había sido democráticamente elegido, el proceso de toma de decisiones básicamente se centralizó en el Presidente y, por lo general, no hubo un debate público de las medidas. La injerencia del Ejecutivo era excesiva en los demás poderes del Estado. Como ya se mencionó, contaba con mayoría en el Congreso de la República, que facilitaba y aprobaba sin discusión la implementación de las políticas diseñadas por el Ejecutivo. De igual forma, la ineficiencia demostrada por el Poder Judicial permitió que muchos cabecillas terroristas no fueran procesados debidamente y salieran en libertad, por lo que los atentados terroristas aumentaron progresivamente durante los últimos años del gobierno de García. Algo similar ocurrió con el tráfico ilícito de drogas.

García no buscó crear bases para grupos de interés o canales de consulta; sino, por el contrario, basó su gobierno en decisiones tomadas conjuntamente con un pequeño grupo de empresarios, a quienes se les denominó los ‘doce apóstoles’, ignorando de este modo a la población y a sus propias bases. De esta manera, García optó por un enfoque más personalista, pasando por alto a su propio partido y las organizaciones de izquierda que él representaba.

En 1984, Alan García representaba la opción reactivadora y concertadora en medio del estancamiento productivo. Hacia 1986, la economía ya mostraba fuertes signos de reactivación gracias a las medidas populistas que habían logrado incrementar la demanda interna. Luego, se iniciaron las conversaciones entre los ‘12 apóstoles’ y García, con el fin de coordinar las medidas que llevarían a la reestructuración de la economía. De esta manera, a través de la focalización de las inversiones en ciertos sectores considerados ‘estratégicos’, supuestamente, el gobierno esperó mantener las elevadas tasas de crecimiento. Sin embargo, este tipo de medidas llevó a un incremento considerable de los gastos fiscales y al consiguiente aumento del déficit fiscal. De la misma manera, el impulso de demanda determinó que las reservas declinaran peligrosamente. Estos resultados generaron tensiones dentro del equipo económico y pugnas internas dentro del gobierno. El paquete de medidas de 1987 reflejó esas tensiones y la apreciación fue negativa entre los empresarios y los sindicatos.

La confrontación total surgió después del intento del gobierno de estatizar la banca privada, que fue una reacción del gobierno ante la negativa del sector industrial de llevar a cabo las inversiones que, según los defensores del gobierno, hubieran podido reactivar y reestructurar la economía. Sin embargo, consideramos que la actitud del sector empresarial es comprensible, si tomamos en cuenta las enormes distorsiones de precios relativos y los desequilibrios macroeconómicos que claramente señalaban que sería imposible mantener el crecimiento de la demanda y que realizar una inversión en esos momentos era poco recomendable. Así, tras el anuncio de estatización de la banca, se inició una larga confrontación entre el gobierno y los sectores empresariales.

Por otro lado, en un primer momento, las medidas económicas de corte populista implementadas por el gobierno de García con el objeto de reactivar la demanda interna fueron bien recibidas y aceptadas por la mayoría de la población. Los constantes aumentos de los sueldos nominales, la liquidez ocasionada por la emisión de circulante y los subsidios otorgados por el Estado, generaron una mejoría ficticia del bienestar de la población; pero, poco a poco, dicha situación se tornó incontrolable porque el Estado no era capaz de mantener dicho ritmo de manera indefinida. De esta manera, García no solo fue perdiendo el apoyo de los ‘doce apóstoles’ y de los gremios empresariales, sino además de los sectores populares.

El populismo económico

Basándose en la situación política favorable y en la estabilidad macroeconómica (en julio de 1985, la tasa de inflación fue 10,3% mensual, las RIN fueron US$ 894 millones, en 1985 hubo un superávit en cuenta corriente de la balanza de pagos de US$ 125 millones y el déficit económico del sector público no financiero fue 2,1% del PBI), Alan García puso en marcha un programa económico basado en un enfoque ‘heterodoxo’, según el cual no eran necesarias políticas contractivas para disminuir la inflación, porque esta era generada por costos (salarios, utilidades, tasas de interés y tipo de cambio). De este modo, lo que se requeriría para disminuir la inflación era controlar o ‘congelar’ los costos y buscar una reactivación económica con el propósito de reducir los costos unitarios.

En un primer momento, el gobierno incrementó las remuneraciones nominales con el fin de incentivar la demanda interna. De esta forma, a través de un déficit fiscal moderado, se buscó impulsar la demanda, la producción y el empleo. Se pretendía utilizar la capacidad ociosa de la industria y evitar un incremento de los precios. Asimismo, como resultado de la expansión de las ventas, se esperaba un aumento en las ganancias de las empresas de tal forma que fueran reinvertidas.

Por otro lado, se intentó cubrir el financiamiento externo mediante la disminución temporal de las remesas al exterior por pago de deuda y otros conceptos, así como con una moderada reducción de las divisas. En el discurso emitido por García al asumir el mando en 1985, se anunció que solo se pagaría el equivalente al 10% de las exportaciones por concepto de deuda externa, lo que originó el aislamiento del mercado financiero internacional.

Además, la política económica de García se caracterizó por una fuerte intervención que reemplazó a los mercados. Estos sufrieron serias distorsiones al dictarse el congelamiento de los precios y el aumento de los aranceles y las restricciones para-arancelarias. Se establecieron exoneraciones tributarias y subsidios que alteraron los precios relativos y emitieron señales confusas para los agentes económicos. Además, se establecieron tipos de cambio diferenciados, según criterios arbitrarios.

En un inicio, las medidas aplicadas lograron la reducción temporal de las expectativas inflacionarias, lo que devino en la disminución de la inflación y la recuperación de la actividad económica. Mientras que en agosto de 1985 la inflación fue 200% promedio anual y la tasa de crecimiento del PBI fue –5% promedio anual, en agosto de 1986 la tasa de inflación se redujo a 55% y la tasa de crecimiento del PBI llegó a 16%. Al mismo tiempo, los sectores laborales experimentaron mejoras notables en sus remuneraciones.

Sin embargo, este proceso demostró sus debilidades cuando surgió el desabastecimiento de los productos sujetos a controles de precios. A fines de 1986, el crecimiento se detuvo, la caída de reservas empezó a ser alarmante y la producción se estancó. La producción no disminuyó debido al estímulo insostenible de los grandes subsidios cambiarios, financieros, de precios y de tarifas públicas. De este modo, el tipo de cambio y los precios quedaron desfasados frente a la inflación, las reservas se consumieron y se introdujeron 4 categorías de precios (controlados, régimen especial, regulados y supervisados).

En 1987 eran preocupantes la pérdida de reservas internacionales (entre agosto de 1985 y diciembre de 1987, las RIN cayeron de US$ 894 millones a US$ 43 millones) y el creciente déficit público (en 1987, el déficit económico del gobierno central llegó al 6,1% del PBI, mientras que en 1985 dicho déficit fue 2,3% del PBI), que era financiado con más circulante. En agosto de 1987, la inflación llegó a 86% promedio anual y la tasa de crecimiento del PBI fue 5% promedio anual.

El anuncio de la estatización de la banca en julio de 1987 marcó el fin de la coalición del gobierno con los ‘doce apóstoles’ y generó un shock negativo de confianza, así como el fin del éxito inicial del gobierno. A partir de esta fecha, la economía peruana entró en una espiral negativa debido a que el modelo planteado por el gobierno era insostenible. Habían cambiado las condiciones iniciales que permitieron el éxito inicial de las medidas de corto plazo. En consecuencia, el intento del gobierno de mantener dichas medidas dentro de este esquema fue el principal detonante del desastre económico que seguiría en los años siguientes.

García y sus asesores no aplicaron las medidas correctivas necesarias. Más bien, las medidas fueron gradualistas y consistieron, durante 1988, en cuatro ‘paquetazos’ que implicaron el aumento de los precios de la gasolina, de la electricidad y otros productos con el fin de mejorar los ingresos fiscales. Además, la política monetaria fue restringida, pero sin desechar de plano el intervencionismo que había generado la crisis. Dado que la confianza en el gobierno se había reducido sustancialmente, las medidas económicas afectaron seriamente el crecimiento de la economía. Las inversiones extranjeras y nacionales habían desaparecido y las corridas bancarias aumentaban. En diciembre de 1988, la tasa de crecimiento del PBI fue –31% promedio anual y la inflación fue 1.715% promedio anual.

Los ‘paquetazos’ permitieron la reducción del déficit público y la recuperación de reservas internacionales. En 1988, el déficit económico del gobierno central fue 3,1% del PBI, notoriamente inferior al 6,1% mostrado en 1987. Por su parte, las RIN pasaron de US$ 270 millones en agosto de 1988 a US$ 370 millones en agosto de 1989. Sin embargo, hacia el final del gobierno aprista, la poca visión de García y sus asesores los llevó a aplicar medidas populistas adicionales para evitar un desastre político en las elecciones de 1990. Las remuneraciones reales mejoraron ligeramente y los tipos de cambio múltiples se mantuvieron. En julio de 1990, las RIN fueron US$ -105 millones, la inflación llegó a 3.040% promedio anual y la tasa de crecimiento delPBI fue –6% con respecto al mismo del año anterior. El camino al infierno había estado plagado de buenas intenciones.

El aumento de la pobreza

En el gobierno de García, el Estado financió diversos programas de empleo temporal, créditos a la pequeña empresa, cocinas comunales y otras formas de asistencia a los sectores populares menos politizados de la ciudadanía. Pero todos estos programas tuvieron un matiz bastante particular: ninguno de ellos fue un programa concreto que tuviera un impacto real en la población; sino, por el contrario, fueron programas verticales y manipulados, básicamente, para obtener beneficios particulares tales como las elecciones municipales de 1986.

García, cuyo lema en la campaña de 1985 había sido “mi compromiso es con todos los peruanos”, sumergió al país en una pobreza extrema. La pobreza extrema aumentó del 0,5% de la población total en 1985-86 a 17,3% en 1990. El consumo per cápita real de un hogar promedio experimentó una caída de 55% entre 1985 y 1990. Este hecho se debió en gran medida al exorbitante aumento de los precios, que se incrementaron en promedio casi 22 mil veces (la inflación acumulada durante el gobierno de García fue 2.178.481%). Además, los sueldos reales sufrieron una disminución de más de 30% entre julio de 1985 y julio de 1990. Por su parte, en términos reales, el ingreso mínimo legal cayó en 43%. Debido a ello, mientras que en 1985 el ingreso mínimo legal cubría el 67% de la canasta alimenticia básica para una familia de 6 personas, en mayo de 1989 tan solo cubría el 58%.

Asimismo, en este período se masificó el empleo informal. El subempleo aumentó del 42,5% en 1985 al 73,5% en 1989. La población adecuadamente empleada pasó del 47,7% en 1985 al 18,6% en 1989. Y, entre julio de 1985 y julio de 1990, el descontento con la situación laboral provocó 3.500 huelgas y 90 mil horas hombres perdidas.

Por otro lado, si bien aumentó el acceso de la población a los servicios básicos como luz, agua y desagüe, gran parte de ello fue por el drástico aumento de las conexiones clandestinas, lo que implicó un bajo rendimiento de las empresas distribuidoras de estos servicios que eran administradas por el Estado y cuyos déficit eran pagados por todos los peruanos.

Las lecciones de un gobierno que no debemos olvidar

La experiencia del gobierno de García debe permanecer siempre en nuestra memoria. Las ideas más importantes las hemos resumido en los siguientes puntos:

• El gobierno de Alan García no fue un ideal de ejercicio democrático. Por el contrario, el poder político fue altamente concentrado en las manos de García, quien contaba con una mayoría parlamentaria aprista bastante dócil y con un Poder Judicial dependiente del Ejecutivo.
• El gobierno de García no gobernó con ni para las ‘mayorías’. Lo hizo con un pequeño grupo de empresarios (los ‘doce apóstoles’) quienes se valieron de la cercanía con García para satisfacer sus propios intereses.

• El gobierno de García y su programa económico provocaron la peor crisis económica de nuestra historia reciente, similar a la que experimentó nuestro país luego de la guerra del Pacífico.
• El excesivo intervencionismo de la economía vía controles de precios, exoneraciones tributarias, subsidios, banca de fomento, aranceles diferenciados llevados al extremo, solo generó estancamiento productivo y mayor pobreza.

Esperamos que estas reflexiones a partir de hechos concretos permitan recordar a los electores con experiencia y, principalmente, a aquellos que tienen poca experiencia, que no necesariamente todo pasado fue mejor. Debemos mirar el futuro, por supuesto, pero siempre teniendo presente nuestra historia y las consecuencias de nuestras decisiones.

Conversando con García

En un intento por simular una conversación con el pasado, recogimos algunas frases del ex presidente Alan García y las contrastamos con los resultados de las mismas. Debemos ser honestos en mencionar que no fue un trabajo muy difícil demostrar cómo las intenciones de García en dinamizar nuestra economía, a través de todos los mecanismos explicados en el artículo, se materializaron en una de las peores crisis económicas de la que tengamos memoria. Las frías cifras hablan por sí solas. Nosotros tan solo las rescatamos del olvido, las desempolvamos y se las mostramos.

Alan García: “No hay que tener miedo al movimiento de precios, lo que hay que temer es que los salarios retrocedan ante los precios...” (26 de septiembre de 1986).

Punto de Equilibrio: Por no tener miedo al movimiento de precios, entre julio de 1985 y julio de 1990, la inflación acumulada fue de 2.178.481%, lo que significa que los precios aumentaron en promedio casi 22 mil veces. Por ello, los sueldos reales disminuyeron en más de 30% entre julio de 1985 y julio de 1990. Es decir, los salarios retrocedieron ante los precios.

Alan García: “Yo quiero definitivamente decir a todos los peruanos que, como resultado del programa económico y social que venimos aplicando, por decisión política, el Perú tiene garantizados los dólares necesarios para su crecimiento por varios años. Hemos sustituido la vieja economía, en la cual los dólares disminuían pagando deuda externa e importando cosas del extranjero, por una economía nacional en la que nuestras reservas se mantienen y aumentan, a pesar de que el país continúa creciendo...” (26 de setiembre de 1986). “...yo puedo decirles que hay suficientes dólares para potenciar el crecimiento de los próximos años, ampliando la capacidad productiva de todas nuestras fábricas. De manera que no tengan desconfianza de eso y, si en algún momento se agotaran, para eso tienen a un Presidente cuya obligación es buscar de dónde sacar esos dólares...” (16 de noviembre de 1986).

Punto de Equilibrio: Por pensar que el crecimiento de Perú podría financiarse con el despilfarro de las divisas, el gobierno aprista y su programa económico acabaron con las reservas y no generaron crecimiento alguno. Las RIN cayeron de US$ 894 millones en julio de 1985 a US$ -105 millones en julio de 1990, y nuestro Presidente no cumplió con su obligación de ‘buscar de dónde sacar esos dólares’. Es más, nuestras reservas no sirvieron para crecer varios años. Tanto así que entre julio de 1985 y julio de 1990 el PBI cayó en 7.4%, llegando a su nivel más bajo de los ochenta y a los niveles de los sesenta.

Alan García: “Definitivamente, al contrario de otros gobiernos, nosotros garantizaremos que aquel que produce gane más que el que prefiere ahorrar ociosamente en dólares, garantizaremos que aquel que tiene sus ahorros en moneda nacional y cuentas dentro del Perú, o en bonos dentro del Perú, gane mucho más que aquel que ha preferido comprar dólares, esperando una devaluación...” (7 febrero 1986).

Punto de Equilibrio: Entre julio de 1985 y julio de 1990, la tasa de interés pasiva real promedio mensual fue –6.23%. Es decir, quienes ahorraron en el sistema financiero en moneda nacional y confiaron en el gobierno de García, en términos reales, perdieron cada año más del 50% de su riqueza ahorrada en el sistema financiero. Por el contrario, quienes compraron dólares y no confiaron en García se beneficiaron enormemente: entre julio de 1985 y julio de 1990, la devaluación acumulada del inti (nuestra anterior moneda, que fue dejada de lado debido a la erosión ocasionada por la hiperinflación) fue 426.518%. En definitiva, en promedio, quien ahorró ‘ociosamente’ en dólares esperando una devaluación, ganó más que quien tuvo sus ahorros en moneda nacional y cuentas dentro del país.

2006-07-20T13:04:00.005-07:00

La libertad individual y la enseñanza del milenio
(Gestión, 18 de enero de 2000)

En las últimas semanas, hemos sido testigos de cómo, desde diversas tribunas, se trata de elegir el suceso político, el pensador e, inclusive, el deportista, representativos del milenio. Desde un punto de vista económico, también podríamos hablar del suceso más resaltante o del economista más influyente. Sin embargo, dadas las enormes diferencias de desarrollo económico que se han suscitado en los últimos mil años, resulta mucho más interesante hablar del porqué de esas diferencias. Más que a un hecho o a una persona, deberíamos remitirnos pues a la enseñanza económica del milenio. ¿Por qué algunos países han logrado altos niveles de bienestar, mientras que otros no pueden cubrir las necesidades mínimas de su población? ¿Hemos aprendido algo sobre el camino que deben tomar los países para encaminarse por la senda del progreso económico? ¿Cuál es la receta para salir de la pobreza y el desempleo? ¿Cómo mejorar el bienestar de los pueblos?

Desde sus orígenes, alrededor del mundo, las sociedades han tratado de hallar los medios para solucionar los problemas económicos más graves que las aquejan: desempleo, miseria, hambre, etc. Pero no todas las políticas económicas aplicadas han tenido los mismos resultados. Algunas políticas sí condujeron a los países al crecimiento económico y a la bonanza económica, mientras que otras más bien estancaron a las economías y aumentaron los niveles de pobreza.

Hoy en día, la variedad de políticas y de resultados que han experimentado las sociedades en estos mil años nos permite determinar cuál es el camino hacia el progreso. Luego del atraso económico en que sucumbieron los países socialistas, el estancamiento de aquellos que apostaron por el mercantilismo y las políticas estatistas, y el florecimiento de las sociedades libres, no debería quedar duda alguna entre las mentes pensantes que la libertad individual es un insumo determinante del progreso económico.

Lamentablemente, incluso hoy en día existen muchos que piensan que el libre mercado y la integración comercial y financiera son más bien perjudiciales. Es más, de acuerdo a un punto de vista bastante popular, parecería que los mejores gobernantes han sido los que “hicieron” más, es decir los que de una u otra manera intervinieron más en sus economías. ¿Acaso no son recordados con nostalgia, por muchos, aquellos gobernantes que concedieron crédito subsidiado a los “más pobres”, aquellos que estatizaron las empresas privadas de los “capitalistas extranjeros”, o aquellos exoneraron del pago de impuestos a ciertos sectores “estratégicos”?

Esta concepción del buen gobierno es totalmente errónea. Los países que han logrado encaminarse durante siglos por la senda del progreso económico han sido aquellos que no pusieron obstáculo alguno a la realización de negocios entre los agentes privados, es decir aquellos que no interfirieron ni en la cadena productiva ni en la comercial. En la medida que las personas naturales y jurídicas han sido capaces de producir, vender y comprar con la menor intromisión posible de un funcionario público arbitrariamente poderoso, las sociedades han prosperado más. Esto no quiere decir que aquellos gobernantes que intervinieron más en los mercados condenaron a sus pueblos a la pobreza extrema; sino que en ausencia de esas políticas, se hubiese producido un mayor crecimiento económico y bienestar de la población.

El cobro de impuestos discriminatorios, la concesión de subsidios, la oferta de crédito estatal “de fomento”, los controles de precios y la asignación arbitraria de los recursos públicos han sido los instrumentos por medio de los cuales los gobernantes han tratado de lograr ciertos objetivos nacionales como la disminución del desempleo, la aceleración del crecimiento de los sectores “estratégicos”, el aumento de las remuneraciones, el control de la inflación y, en general, la mejora del bienestar de la población. Y, por lo general, los pueblos no han visto con malos ojos tales expresiones del poder estatal; pues siempre se creyó que el Estado era todopoderoso y benefactor, casi tanto como Dios para los cristianos. Sin embargo, los resultados económicos y sociales de tales medidas estuvieron lejos de ser beneficiosas para los países. La intervención estatal en los mercados distorsionó los incentivos a producir y comerciar, y desplazó recursos de las actividades más rentables hacia las menos rentables. Las sociedades experimentaron entonces menores tasas de crecimiento.

La historia de las sociedades y, en particular, de las políticas económicas aplicadas por los gobernantes nos debe servir, pues, como enseñanza para no caer nuevamente en la tentación de concederle al Estado aquellas funciones que le competen al sector privado. No debemos olvidar que sólo respetando la libertad individual lograremos salir del subdesarrollo y alcanzar los niveles de vida que tanto envidiamos de los países desarrollados.

2006-07-20T13:04:00.004-07:00

Odría, Fujimori y el mito de la ventaja autocrática
(Gestión, 2 de enero de 2000)

Una de los tantos puntos en los que los economistas no logramos ponernos de acuerdo es en la conveniencia o no de la democratización del mercado político para lograr el ansiado crecimiento económico. Algunos economistas sostienen que las autocracias producen mejores resultados económicos que las democracias, al acelerar la aprobación de leyes vitales que incentivan la inversión privada y marginar a aquellos gremios empresariales y sindicatos de trabajadores que quieren materializar sus deseos a costa del resto de la sociedad. Otros, por el contrario, sostenemos que las democracias y, en particular, la desoncentración y descentralización del poder político favorecen el crecimiento económico por cuanto impiden la aplicación de políticas económicas según los intereses particulares del gobernante central.

Si uno revisa la historia política y económica del Perú, parecería que los hechos confirmaran las ventajas de los regímenes con sesgos autocráticos. Por ejemplo, los gobiernos de Manuel Odría (1948-56) y Alberto Fujimori (1990-2000), que se caracterizaron por violar la Constitución para permanecer en el poder, produjeron reglas de juego a todas luces favorables al crecimiento económico, sobre todo si las comparamos con las medidas aplicadas por los gobiernos que los antecedieron. Tanto el gobierno de José Bustamante (1945-48) como el de Alan García (1985-90), aparentemente más democráticos, aplicaron políticas populistas y excesivamente intervencionistas que aceleraron la inflación, desincentivaron la inversión privada, y generaron el estancamiento productivo.

Bastaría con recordar al gobierno de Juan Velasco (1968-75), sin embargo, para poner en tela de juicio el mito de la ventaja autocrática. La estatización de empresas privadas, los controles de precios y de importaciones y los crecientes déficits públicos en que incurrió el gobierno de Velasco nos muestran que la concentración del poder político también permite que las medidas económicas sean totalmente contrarias al crecimiento económico. Una primera conclusión que podemos extraer, por lo tanto, es que las autocracias permiten resultados extremos.

Es cierto que la concentración del poder facilita la promulgación de leyes favorables a la inversión privada y la competencia. Sin embargo, también permite que el gobernante central conceda una serie de privilegios y concesiones a grupos cercanos. ¿Debemos entonces correr el riesgo y concederle al gobernante central todo el poder político? ¿No es sumamente peligroso delegar todas las atribuciones en un Presidente que puede materializar objetivos personales contrarios a los intereses del conjunto de la sociedad? ¿Por qué suponer que el Presidente de turno es benevolente y sabio y que todas las medidas que aplique serán favorables a la sociedad que gobierna?

El panorama se muestra más contrario a las autocracias si profundizamos nuestro análisis. Si bien en los primeros de sus respectivos gobiernos, Odría y Fujimori aplicaron medidas que estabilizaron la economía e incentivaron la inversión privada; con el transcurso de los años, dichos gobernantes tuvieron que conceder una serie de privilegios con el fin de asegurar la estabilidad política de sus gobiernos. Odría estuvo presionado por militares reformistas que a mediados de siglo consideraban las políticas liberales como contrarias al país y favorables a los capitalistas de los países “poderosos”. Como consecuencia de esa presión, Odría tuvo que introducir cada vez con más frecuencia medidas populistas “reivindicativas de los derechos de los más pobres”. De manera similar, presionado por diversos flancos, es cada vez más difícil para Fujimori mantener un programa económico fiel a los preceptos del libre mercado y la competencia privada.

En consecuencia, luego de echar un vistazo a la historia política y económica del Perú, resultaría aventurado sostener que las autocracias producen mejores resultados económicos que las democracias. Las autocracias no sólo no garantizan leyes favorables a la inversión privada; sino además con el paso de los años fomentan comportamientos oportunistas de los gobernantes con el fin de mantenerse en el poder. El mito de la ventaja autocrática parece ser pues producto de una muestra estadística bastante limitada y poco representativa.

2006-07-20T13:04:00.003-07:00

El caudillismo de los partidos políticos
(Gestión, 14 de diciembre de 1999)

Algunos analistas políticos sostienen que el caudillismo de Cambio 90, Somos Perú y Solidaridad Nacional, es preocupante para nuestro desarrollo político, si queremos que nuestro sistema de partidos sea sólido y fomente la participación ciudadana. Esta preocupación, sin embargo, no debería ser exclusiva de los politólogos. Además, los economistas y en general todos aquellos que nos preocupamos por el desarrollo económico de un país, deberíamos lamentar el caudillismo que caracteriza a nuestro sistema de partidos políticos.

El caudillismo de los partidos políticos (sobre todo de los que siempre han dicho representar a los más pobres) ha sido una de las razones por las que en nuestro país no ha sido difícil para algunos Presidentes de turno aplicar políticas económicas populistas, con el fin de favorecer a ciertos grupos privilegiados. Tanto los partidos llamados de izquierda como el Apra se caracterizaron desde sus orígenes por entablar relaciones verticales entre los dirigentes partidarios y las bases; por lo que las organizaciones populares sufrieron una suerte de colonización por parte de los líderes políticos. Por ello, los partidos políticos aparentemente representativos de los sectores populares no demandaron reglas de juego que incentiven la inversión privada y el intercambio comercial, sino políticas populistas con efectos aparentemente positivos para los sectores populares en el corto plazo, pero en realidad negativos en el largo plazo.

El caudillismo de los partidos políticos no fue, sin embargo, exógeno al funcionamiento de nuestro sistema político. Más específicamente, la concentración del poder y la postración política de los sectores populares fomentaron el caudillismo de los partidos políticos. La persecución de los dirigentes del Apra y de los partidos de izquierda los convirtieron en partidos verticalistas, donde las opiniones del líder máximo eran por lo general aceptadas sin mayor discusión. No había, después de todo, otra manera de sobrevivir en un ambiente tan hostil.

Con todo el poder en sus manos, los líderes políticos que decían representar a los sectores populares no tuvieron los incentivos necesarios para actuar a favor de sus bases. Más bien, optaron por proponer políticas populistas que les rindan beneficios en el corto plazo. Asimismo, tuvieron poca disposición a negociar con los representantes de los sectores empresariales. Era más rentable políticamente para los caudillos seguir considerando a los empresarios como los “explotadores”, con quienes no se debería llegar a acuerdos políticos bajo ningún concepto. Así, había un escaso margen para llegar a consensos básicos sobre las políticas económicas.

Entonces, cuando las organizaciones populares tuvieron una mayor influencia en el gobierno, las políticas aplicadas fueron excesivamente intervencionistas y populistas y, por lo tanto, aparentemente reivindicativas de los “derechos” de los trabajadores y los más pobres. Ejemplos de ello fueron los gobiernos de Bustamante (1945-48), Velasco (1968-75) y García (1985-90). En estos gobiernos, las medidas económicas tendieron supuestamente a favorecer a los sectores populares y, por lo tanto, a perjudicar a los “más ricos”, a través de controles de precios, subsidios, tratamiento diferenciado, y (en el gobierno de Velasco) estatización de empresas privadas. Con el paso de los años, estas medidas destruyeron la economía e hicieron a los pobres más pobres. Hoy en día, el caudillismo de las fuerzas políticas que dicen representar a la sociedad civil es sumamente preocupante. Tanto Cambio 90, como Somos Perú y Solidaridad Nacional dependen casi exclusivamente de la popularidad de sus respectivos líderes Alberto Fujimori, Alberto Andrade y Luis Castañeda.

El ambiente es, entonces, propicio para nuevos experimentos populistas que lleven al país al descalabro económico. ¿No debemos entonces procurar mejorar los canales de participación ciudadana? ¿O queremos seguir confiando en la bondad inquebrantable de nuestros líderes políticos?

2006-07-20T13:04:00.002-07:00

El porqué del subdesarrollo del Perú
(Gestión, 2 de diciembre de 1999)
Luis Felipe Zegarra

En los últimos meses, han surgido algunas voces que sostienen que la apertura comercial y financiera por la que el Perú se ha encaminado desde agosto de 1990 no ha rendido frutos en términos de crecimiento económico y, sobre todo, reducción de la pobreza. Por ello, no son pocos los que proponen medidas redistributivas y populistas. Es más, el mismo gobierno parece no estar convencido de los beneficios del liberalismo económico, por lo que ya ha anunciado una serie de medidas claramente intervencionistas con el fin de mejorar la situación de las empresas y de los trabajadores.

Esto es lamentable porque, remitiéndonos a la historia del Perú de los últimos cien años, casi todos los Presidentes que nos gobernaron buscaron reducir la pobreza precisamente a través de políticas intervencionistas y populistas, sin lograr beneficio alguno. Muchas de estas políticas se enmarcaron dentro de lo que conocemos como mercantilismo, y consistieron en el otorgamiento de derechos monopólicos y oligopólicos u otro tipo de favores adeterminados grupos privilegiados, generalmente cercanos a los gobernantesde turno. La sobreprotección de empresas, la exoneración de impuestos, elotorgamiento de subsidios, los controles de precios, entre otras medidas, fueron disfrazadas como beneficiosas para el conjunto de la población. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas políticas no sólo no solucionaron el problema de la desigualdad del ingreso, sino que lo agravaron al desincentivar la inversión privada, el intercambio comercial y el crecimiento económico.

Las consecuencias negativas del populismo y de la inestabilidad de nuestras políticas son evidentes. Por un lado, nunca existieron los incentivos necesarios para invertir en proyectos de mediano y largo alcance. Los proyectosde más larga duración se ciñeron a los campos en los que las tasas de rentabilidad esperadas eran considerables, pues el riesgo fue siempre elevado en un país tan poco estable como el nuestro. Fue por ello que las inversiones más comunes se produjeron en las actividades extractivas, caracterizadas por altos retornos en el corto plazo y, por ende, por una rápida recuperación del capital invertido. Por otro lado, los grupos privilegiados nunca se vieron en laobligación de desarrollar mecanismos eficientes de producción, porque se encontraban protegidos contra la competencia nacional y extranjera. Todosestos hechos devinieron en mercados ineficientes, con empresas acostumbradas a la protección y no a la competencia, con inversiones casi exclusivamente en las actividades extractivas, con el consiguiente progreso de algunos sectores privilegiados y la postergación de las grandes mayorías.

En consecuencia, la población debe comprender que las políticasredistributivas y populistas sólo hunden al país en el atraso y la pobreza. Esindudable que una economía abierta está sujeta a shocks externos, por lo que existirán períodos recesivos con mayores tasas de desempleo. Sin embargo, también debemos reconocer que como consecuencia de la apertura comercial y financiera y de la reducción del papel del Estado en la economía, las sociedades llegan a tener en el largo plazo más beneficios que pérdidas. Sólo con reglas dejuego claras, estables y favorables a la inversión privada, podremos estar seguros de que en los próximos años el crecimiento económico se traducirá en reducción de la pobreza.

2006-07-20T13:04:00.001-07:00

¿Es deseable la concentración del poder?
(Gestión, 14 de noviembre de 1999)
Luis Felipe Zegarra

Si bien es opinión generalizada que el Presidente Fujimori ha logrado concentrar el poder político en sus manos, no son pocos quienes piensan que ello ha sido necesario, pues no existía otra manera de enfrentar a los grupos de presión que en épocas pasadas fueron privilegiados con políticas intervencionistas. De esta manera, dado que la concentración del poder y la crisis de representación han facilitado la aplicación de un programa económico que nos llevará por la senda del crecimiento económico; deberíamos continuar con un régimen de esa índole con el fin de profundizar las reformas estructurales.

La historia económica y política del Perú nos enseña, sin embargo, que en el largo plazo la concentración de poder y la ausencia de mecanismos adecuados de representación fomentan más bien la aplicación de políticas populistas que llevan al país al subdesarrollo y la pobreza.

En nuestro país, desde siempre los programas económicos fueron impuestos por el Presidente de turno y ciertos grupos de poder, siendo los sectores populares marginados y sus representantes políticos perseguidos, deportados y muchas veces asesinados. Podemos entender entonces por qué, una vez que lograron una mayor representatividad política, los sectores populares demandaron reivindicaciones populares, al interpretar su interrelación con los gremios empresariales como un juego de suma cero donde la única manera de estar mejor era si los “ricos” estaban peor. Debido a ello, nunca fue posible llegar a consensos básicos sobre los programas económicos. Más bien, como consecuencia de esa presión popular por reivindicaciones, los gobernantes aplicaron políticas populistas que aparentaron favorecer a los sectores populares. Como ejemplos claros podemos mencionar a los gobiernos de José Bustamante y Ribero (1945-48), Juan Velasco (1968-75), Fernando Belaunde (1980-85) y Alan García (1985-90), los cuales apostaron en muchas oportunidades por medidas intervencionistas con efectos nocivos en el crecimiento de la economía.

Pero la concentración del poder político ha provocado no sólo la postración de vastos sectores de la sociedad del manejo político y la demanda por reivindicaciones populares. Además, como consecuencia de la concentración del poder, el Presidente de turno ha podido aplicar las medidas que quería, sin mayor rendición de cuentas. Nuestros Presidentes han tenido entonces la capacidad para aplicar medidas económicas muchas veces contrarias al crecimiento económico. Cómo olvidar a Juan Velasco, quien gracias a la concentración del poder en sus manos pudo incluso estatizar empresas privadas y desincentivar la inversión extranjera. Cómo olvidar a Alan
García, quien gracias a una mayoría parlamentaria aprista muchas veces sumisa, pudo aplicar un programa económico que llevó al país a la peor crisis de su historia.

Por estas razones, es urgente que se mejoren los canales de participación y representación ciudadana. Si seguimos creyendo en la figura del dictador benevolente, entonces daremos cabida a que en los próximos años el Presidente de turno tenga la capacidad para aplicar políticas populistas, más aún si los sectores populares siguen postrados políticamente y siguen pensando que la única manera de salir de la pobreza es con reivindicaciones populares.

2006-07-20T13:04:00.000-07:00

La monopolización del poder: el porqué del populismo
(Punto de Equilibrio, Año 7, No. 55, julio-agosto 1998)
Luis Felipe Zegarra

En numerosos países, y particularmente en Latinoamérica, es común la aplicación de medidas económicas populistas, es decir medidas que tienen como fin elevar la popularidad del gobierno de turno a costa de graves desequilibrios macroeconómicos. Dado el daño que generan este tipo de políticas, es necesario el planteamiento de diversas medidas institucionales que restrinjan el comportamiento populista de los gobernantes.

Populismo, inestabilidad económica y subdesarrollo

Uno de los grandes peligros asociados a la presencia de gobiernos dictatoriales y, en especial, de regímenes pseudemocráticos –es decir, aquéllos en los que la participación ciudadana se reduce a la elección cada cierto período de años de algunas autoridades- es la aplicación de políticas populistas que buscan “incentivar” la demanda agregada a costa de graves desequilibrios macroeconómicos. Estas medidas pretenden supuestamente “favorecer al pueblo”, pero en el largo plazo sólo incrementan la pobreza sumergiendo a los países en el subdesarrollo.

En primera instancia, estas políticas populistas se manifiestan generalmente en fuertes déficits fiscales, muchas veces en vísperas de procesos electorales. Como consecuencia de ello, y ante la necesidad de financiar tales déficits públicos con emisión de dinero –cuando no hipotecan a las futuras generaciones con mayor deuda-, los gobiernos generan crisis cambiarias, inflaciones extremas y recesiones de distinta gravedad. En el largo plazo, la inestabilidad económica aleja a los inversionistas y el subdesarrollo se apodera de dichos países.

En Latinoamérica, fueron muchos los gobernantes que aplicaron este tipo de medidas. Juan Domingo Perón de Argentina, Salvador Allende de Chile, y Juan Velasco y Alan García del Perú representan sólo una pequeña muestra del inmenso historial de populismo latinoamericano. En el Perú, las medidas económicas de Alan García “incentivaron” la producción en los dos primeros años de su gobierno, a costa de destruir la economía peruana en años posteriores. Posteriormente, Alberto Fujimori también sucumbió ante la tentación de seguir este tipo de políticas. Su campaña reeleccionista en 1994 se tradujo en un mayor gasto público, el cual fue, en parte, la causa del sobrecalentamiento de la economía en 1994, lo que llevó posteriormente a un ajuste con el fin de evitar un rebrote inflacionario y un empeoramiento de las cuentas externas.

Contra las políticas populistas

Las políticas populistas tienen su origen en la falta de mecanismos institucionales que restrinjan y, en la medida de lo posible, impidan que el comportamiento naturalmente “egoísta” de los gobernantes afecte el desarrollo del resto de la población.

Algunos reconocen la necesidad de la independencia de algunas entidades tales como el banco central, con el fin de evitar el financiamiento de déficits fiscales con emisión de dinero. Además, es importante la existencia de partidos políticos de oposición y de medios de comunicación que denuncien, por ejemplo, el manejo irresponsable de los recursos públicos. Una mayor rendición de cuentas por parte del gobernante y un mayor control de sus acciones restringirán tal comportamiento.

Sin embargo, si la popularidad asociada a las medidas populistas sigue siendo elevada, será muy difícil mantener la independencia del banco central, y la labor de los políticos y de la prensa no tenderá a restringir dichas medidas. Por un lado, si la población apoya fervientemente estas medidas, el gobernante encontrará apoyo popular para la destitución de los directivos del banco central o, sencillamente, para modificaciones en la legislación que permitan un comportamiento populista. Además, si una medida es popular, existirán pocos políticos y medios de prensa “suicidas” que propongan lo contrario.

La solución parte, pues, de la comprensión por parte de la población de que incurrir en irracionales déficits fiscales y que, aún más, financiarlos con emisión de dinero o con excesiva deuda externa, es destructivo para una economía, la que debe apelar a la estabilidad con el fin de favorecer la inversión y el posterior crecimiento. Sin embargo, dado el manejo diario de las economías familiares por parte del público, no es difícil que la población comprenda que al igual que en el caso de las familias, en lo que respecta al estado, no se debería gastar más de lo que se obtiene como ingresos. El problema aparece más bien cuando el manejo de los ingresos y gastos del estado se aleja demasiado de las economías locales y regionales –centralismo político y administrativo–. En tales circunstancias, la mayoría piensa que el gasto público no tiene límites.
Gracias a la descentralización del estado, la ciudadanía reconocerá que el manejo fiscal es, a fin de cuentas, similar al manejo de las cuentas familiares pero a un nivel mayor. De esta manera, será menos probable que la población acceda a políticas populistas a sabiendas de que ello dañará sus economías en el largo plazo.

Además, el gasto del gobierno será más eficiente. No es absurdo pensar que las comunidades campesinas, por ejemplo, conocen las características geográficas y económicas de su región mejor que los burócratas del gobierno central. Serán menos frecuentes las grandes inversiones con rentabilidad social negativa que solamente benefician en el corto plazo la popularidad del gobernante central.

Será menos probable, también, la corrupción que siempre acompaña a las políticas populistas. Un manejo más descentralizado del poder público permitirá una mayor transparencia y una mejor rendición de cuentas de las intenciones y decisiones de los gobernantes. Gracias a ello, no sólo se evitarán comportamientos populistas, sino además el manejo oscuro de los recursos fiscales.

Hacia la liberalización del mercado político

Los mecanismos institucionales para restringir el comportamiento oportunista de los gobernantes parten de una descentralización de las funciones del estado, es decir de la destrucción del monopolio del poder central.

En este sentido, la liberalización del mercado político mejorará la calidad del gobierno. En lo que respecta a las políticas populistas, la descentralización del poder público permitirá que la población comprenda la necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos. De esta manera, el ejercicio del poder sí devendrá en un mayor bienestar social. Así, y sólo mediante estas medidas, será posible restringir las políticas que tanto daño le han hecho a América Latina y al resto del mundo.