Liberales y mineros

(Diario16, 11 de marzo de 2013)

Con frecuencia escuchamos algunas voces que señalan que quienes “se oponen a la inversión minera” en este país se oponen al progreso económico. Según dichas voces, las comunidades campesinas que se oponen al proyecto Conga, por ejemplo, estarían conformadas por individuos que no desean que el país progrese, que prefieren defender una laguna “sin valor” antes que el futuro del Perú.

¿Cuál es la posición que debe tomar un liberal frente a la inversión minera y frente a los conflictos sociales?

Como liberales, consideramos que el Estado debe procurar la protección de la libertad individual y que, por lo tanto, debe proteger la propiedad privada. Además, reconocemos que esta misma libertad individual lleva a las naciones al progreso económico. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado en no confundir a la población (y a nosotros mismos). Que estemos a favor de la libertad individual no significa que estemos a favor de aumentar la inversión a toda costa. De hecho, que seamos liberales no significa que estemos necesariamente a favor de todos los proyectos mineros.

Veamos por qué. En una sociedad liberal, el subsuelo no debe ser propiedad del Estado. Lo más apropiado es que, tal como ocurre en los Estados Unidos, quienes son dueños del suelo sean dueños del subsuelo y tengan libertad para decidir sobre no solo el uso del suelo, sino además sobre los recursos del subsuelo. En las áreas donde habitan comunidades campesinas, estas deberían ser dueñas no solo del suelo sino además del subsuelo. Si una empresa minera desea explotar un recurso minero localizado en la propiedad de una comunidad, la empresa debería llegar a un trato con dicha comunidad. La empresa podría comprar la propiedad o alquilarla. Si la comunidad no desea vender o alquilar la propiedad, no habría inversión minera en dicha localidad.

Por lo tanto, en un sistema liberal existen varios posibles resultados. Uno es que la comunidad venda sus tierras y que la empresa lleve a cabo la inversión. Otro resultado es que la comunidad alquile sus tierras por un tiempo determinado, y que la empresa lleve a cabo la inversión. En estos dos primeros casos, habría inversión minera. Existe, sin embargo, otro resultado posible: que la comunidad no desee vender ni alquilar sus tierras. En este último caso, no habría inversión.

Lamentablemente, el sistema de tierras que tenemos en la actualidad es un sistema estatista. En el sistema actual, el Estado es dueño del subsuelo y tiene la capacidad legal para darlo en concesión a quien desee. Este sistema es ineficiente, pues no permite que las decisiones de inversión reflejen las preferencias personales de los propietarios del suelo. Pero además se ha convertido en la principal causa de los conflictos mineros, pues las comunidades y las empresas no son capaces de llevar a cabo acuerdos beneficiosos para ambas partes.

Existen quienes ciertamente se oponen a que las comunidades sean dueñas del subsuelo. Dominados por una mentalidad estatista, sostienen que las comunidades no tienen la capacidad para decidir o que sería “injusto” que unas cuantas comunidades se beneficien con los recursos mineros, y que, por lo tanto, el Estado debe mantener el derecho de propiedad de los recursos ubicados en el subsuelo.

Esta mentalidad estatista es la principal causante de los conflictos sociales. Mientras no nos divorciemos de esa mentalidad, seguiremos llamando a unos “antimineros” y a otros “pro empresas mineras”, cuando el problema no yace en estar a favor o en contra de la minería. El problema yace en estar en contra de la libertad individual de las personas.