Subsidios a la vivienda

(Diario16, 1 de junio de 2013)

Tiende a existir la creencia entre algunos que el Estado debe asegurar el acceso a bienes considerados “necesarios”. Uno de esos bienes considerados “necesarios” es la vivienda. Muchos consideran por lo tanto que el Estado debe procurar tener metas de vivienda, es decir debe procurar incentivar que existan más dueños de viviendas para así aumentar el bienestar de la población.

Hay varias razones en contra de que el Estado procure dotar de vivienda a la población. El primer argumento es el del costo de oportunidad. El costo de oportunidad de una decisión es el valor de la mejor alternativa posible. Si el Estado decide asignar un subsidio a las familias más pobres del país para que compren vivienda, habría que preguntarnos si eso es lo mejor que se podría hacer con los recursos. ¿No preferirían las familias en pobreza extrema que les aseguren alimentos antes que una vivienda?

El problema se agrava porque muchos de los programas de subsidio a la vivienda están dirigidos a la clase media. Si hablamos, por ejemplo, de viviendas que pueden costar más de 70,000 dólares, el subsidio probablemente no estará dirigido a las familias en extrema pobreza de este país. ¿Debería entonces subsidiarse la vivienda a la clase media cuando existen niños desnutridos o niños que no acceden a educación básica?

Muchos dirán que no es cierto que el Estado tenga que escoger entre subsidiar a pobres y subsidiar a la clase media, pues se puede “beneficiar a todos”. Después de todo —así dirán— el Estado siempre puede aumentar impuestos. Lo que olvidan es que un sol recaudado por el Estado es un sol menos para el sector privado. Que el Estado recaude más, es decir que el Estado sea “más rico”, implica que el sector privado obtiene menos recursos para consumo e inversión. Ya sea dentro del aparato estatal o dentro de la sociedad, siempre será cierto que un sol gastado en determinada actividad es un sol menos gastado para otro fin.

Existe otra razón igualmente importante por la que resulta bastante desacertado subsidiar la vivienda. Cuando el Estado otorga un subsidio para el consumo de determinado producto, distorsiona los precios. Los precios de venta de los productos subsidiados aumentan con respecto a otros productos, lo que envía señales a los agentes de que es particularmente rentable invertir en dicho sector. Si los precios relativos de las viviendas aumentan, entonces se produce un crecimiento del sector inmobiliario motivado en parte por la política estatal. No se trata de que las preferencias de la población realmente hayan cambiado, sino de que el Estado a través del otorgamiento del subsidio ha distorsionado los precios relativos.

La distorsión de precios relativos ciertamente genera un cambio en la asignación de recursos. Los recursos de la sociedad se dirigen hacia el sector cuya rentabilidad está aumentando. El boom inmobiliario se produce entonces, en parte, porque los agentes responden al continuo aumento en los precios relativos de viviendas. El grave problema con esta movilización de inversión es que dicha movilización de recursos responde en gran parte a una decisión política, no a lo que las personas realmente desean. La asignación de recursos entonces no es eficiente.

Incluso si la sociedad no atraviesa por un período traumático de caída de precios y si no se habla de burbujas especulativas, los subsidios a las viviendas (como los subsidios a otros productos) son medidas que no permiten que la sociedad utilice los recursos que tiene de la mejor manera posible. Los políticos deben darse cuenta de los efectos de las decisiones que adoptan. Si no lo hacen, seguiremos como país utilizando ineficientemente los escasos recursos que tenemos.