Especulación y controles de precios
(Diario16, 7 de noviembre de 2012)
A raíz de la apertura del Mercado Mayorista de Santa Anita y el cierre de La Parada, se produjo por unos días el aumento de los precios de algunos productos de primera necesidad. Frente a esta elevación de precios, ciertos políticos sostuvieron que algunos comerciantes minoristas “inescrupulosos” estaban “especulando” con los productos para “aprovecharse” de la escasez y obtener mayores ganancias. Llamaron entonces a la intervención de las autoridades municipales con el fin de impedir que la especulación lleve a un aumento en los precios de los productos de primera necesidad.
Estos argumentos no son nuevos. Con frecuencia hemos escuchado a políticos y ciudadanos en general quejarse de cómo algunos comerciantes cobran más por los productos que venden por ejemplo en épocas de sequía, inundaciones o bloqueo de carreteras. Y hemos escuchado cómo se clama por la intervención del Estado para que imponga sanciones a quienes “osan” subir los precios.
Estos argumentos en pro de la intervención del Estado son lamentables y deben ser rechazados. La mayor regulación estatal vía controles de precios en mercados competitivos es contraria al libre mercado, atenta contra la libertad de los empresarios, y, ya sabemos, lleva a pésimos resultados. Basta revisar la experiencia histórica del Perú y de otros países para darnos cuenta de que estos topes a los precios producen enormes ineficiencias, generando desabastecimiento y mercados negros y, al final, mayores aumentos de precios. En el Perú, por ejemplo, el primer gobierno de Alan García produjo resultados desastrosos entre otras razones por los controles de precios que dicho gobierno impuso.
Habrá quienes sostendrán que si bien es cierto que los controles generalizados como los aplicados por el primer gobierno de García no son recomendables, el Estado debería focalizar su atención a algunos productos para que estos no suban de precio. Este argumento también es errado. Pues aunque moderada, la intervención del Estado seguiría consistiendo en el control de los precios, atentando contra la libertad individual de los empresarios y generando desabastecimiento y mercados negros. Los controles de precios no deben ser pues una opción de política.
La ciencia económica nos enseña que los precios suben en mercados competitivos como consecuencia de un aumento de la demanda o una disminución de la oferta. En el caso del desalojo de La Parada, es posible que haya habido problemas en la cadena de comercialización que hayan afectado a la oferta, o que haya habido expectativas sobre desabastecimiento. Igualmente, cuando se producen sequías, inundaciones o bloqueos de carreteras, la oferta de productos es menor, y por lo tanto los precios suben. Son la oferta y la demanda las que deben determinar los precios, y el Estado haría mal en imponer controles de precios.
Es importante puntualizar que tan importante como las ineficiencias generadas como los controles de precios, las sanciones contra quienes suben los precios son atentados contra la libertad individual que deben ser rechazados por todos. Si un vendedor operando en un mercado competitivo quiere cobrar diez o cien veces más por un producto de su propiedad, bueno, pues, en una sociedad libre tiene el derecho de hacerlo. Ciertamente, a menos que haya sucedido un evento extremo que haya contraído significativamente la oferta, nadie pagará esos precios exorbitantemente altos. Dependerá entonces del vendedor que mantenga sus precios muy elevados sin vender a nadie o vendiendo a muy pocos, o que los disminuya para poder atraer a los consumidores. Debe ser el vendedor, y no el Estado, quien decida si sube sus precios o no.
A raíz de la apertura del Mercado Mayorista de Santa Anita y el cierre de La Parada, se produjo por unos días el aumento de los precios de algunos productos de primera necesidad. Frente a esta elevación de precios, ciertos políticos sostuvieron que algunos comerciantes minoristas “inescrupulosos” estaban “especulando” con los productos para “aprovecharse” de la escasez y obtener mayores ganancias. Llamaron entonces a la intervención de las autoridades municipales con el fin de impedir que la especulación lleve a un aumento en los precios de los productos de primera necesidad.
Estos argumentos no son nuevos. Con frecuencia hemos escuchado a políticos y ciudadanos en general quejarse de cómo algunos comerciantes cobran más por los productos que venden por ejemplo en épocas de sequía, inundaciones o bloqueo de carreteras. Y hemos escuchado cómo se clama por la intervención del Estado para que imponga sanciones a quienes “osan” subir los precios.
Estos argumentos en pro de la intervención del Estado son lamentables y deben ser rechazados. La mayor regulación estatal vía controles de precios en mercados competitivos es contraria al libre mercado, atenta contra la libertad de los empresarios, y, ya sabemos, lleva a pésimos resultados. Basta revisar la experiencia histórica del Perú y de otros países para darnos cuenta de que estos topes a los precios producen enormes ineficiencias, generando desabastecimiento y mercados negros y, al final, mayores aumentos de precios. En el Perú, por ejemplo, el primer gobierno de Alan García produjo resultados desastrosos entre otras razones por los controles de precios que dicho gobierno impuso.
Habrá quienes sostendrán que si bien es cierto que los controles generalizados como los aplicados por el primer gobierno de García no son recomendables, el Estado debería focalizar su atención a algunos productos para que estos no suban de precio. Este argumento también es errado. Pues aunque moderada, la intervención del Estado seguiría consistiendo en el control de los precios, atentando contra la libertad individual de los empresarios y generando desabastecimiento y mercados negros. Los controles de precios no deben ser pues una opción de política.
La ciencia económica nos enseña que los precios suben en mercados competitivos como consecuencia de un aumento de la demanda o una disminución de la oferta. En el caso del desalojo de La Parada, es posible que haya habido problemas en la cadena de comercialización que hayan afectado a la oferta, o que haya habido expectativas sobre desabastecimiento. Igualmente, cuando se producen sequías, inundaciones o bloqueos de carreteras, la oferta de productos es menor, y por lo tanto los precios suben. Son la oferta y la demanda las que deben determinar los precios, y el Estado haría mal en imponer controles de precios.
Es importante puntualizar que tan importante como las ineficiencias generadas como los controles de precios, las sanciones contra quienes suben los precios son atentados contra la libertad individual que deben ser rechazados por todos. Si un vendedor operando en un mercado competitivo quiere cobrar diez o cien veces más por un producto de su propiedad, bueno, pues, en una sociedad libre tiene el derecho de hacerlo. Ciertamente, a menos que haya sucedido un evento extremo que haya contraído significativamente la oferta, nadie pagará esos precios exorbitantemente altos. Dependerá entonces del vendedor que mantenga sus precios muy elevados sin vender a nadie o vendiendo a muy pocos, o que los disminuya para poder atraer a los consumidores. Debe ser el vendedor, y no el Estado, quien decida si sube sus precios o no.