El ahorro obligatorio

(Diario16, 7 de septiembre de 2013)

Y el gobierno desistió —al menos por un año— de obligar a los trabajadores independientes a aportar a una AFP. Es una excelente noticia. El problema del ahorro obligatorio, sin embargo, no se ha solucionado. Hoy, como desde hace 20 años, los trabajadores dependientes siguen obligados a aportar.

Sin duda, comprendemos la preocupación del gobierno por no tener que asignar cuantiosos recursos fiscales para asistir a quienes no ahorraron durante sus años de juventud. La política de obligar a las personas a ahorrar, sin embargo, es errada. Son varias las objeciones a la política de obligar a los trabajadores a ahorrar a través de una AFP.

Por un lado, el Estado no debe obligar a ningún trabajador a ahorrar si éste no desea hacerlo. Una persona debe ser libre para determinar en qué momento ahorrar o si ahorrará algo. Obligar a una persona a ahorrar implica ir en contra de la asignación de recursos que esta persona libremente escogería y, por lo tanto, reduce su bienestar. ¿O acaso no es cierto que las familias pueden tener gastos urgentes en que deben incurrir en determinados meses, para lo cual requerían utilizar todos sus ingresos? Imaginemos que un familiar se enferma. En ese caso, no sería eficiente que ahorremos. El Estado, sin embargo, considera que debemos ahorrar sin importar las necesidades que tengamos.

Por otro lado, los trabajadores pueden ahorrar de muchas maneras, y no sólo a través de un activo financiero. En el Perú, por ejemplo, muchas familias ahorran —es decir, postergan consumo— a través de la educación y salud de sus hijos. Los padres trabajan e invierten en sus hijos. Y los hijos, ya adultos, mantienen a sus padres cuando éstos son ancianos. Esta costumbre es lo que en la ciencia económica se llama “institución informal”, una institución de siglos que permite entender por qué pese a que el 70% de la fuerza laboral siempre ha sido informal (y que por lo tanto no aporta a un sistema formal de pensiones) no existen cientos de miles de ancianos en abandono por un supuesto despilfarro de recursos. Sin duda, existen ancianos en pobreza, pero ello no se debe necesariamente a que despilfarraron sus ingresos durante sus años de juventud, sino sobre todo a que siempre han vivido en la pobreza. El problema no radica pues en la visión corto-placista de las familias, sino en las condiciones que no permiten que las personas salgan de la pobreza.

Otro ejemplo de ahorro es el de la autoconstrucción de viviendas. Muchas familias en nuestro país ahorran de esa manera. Así, en vez de pagar alquiler, los trabajadores podrán contar con una vivienda para cuando sean ancianos. De esta manera, las familias realizan una planificación sobre sus necesidades y deciden consumir y ahorrar de la forma como mejor les parezca. Obligar a estas familias a ahorrar a través de un activo financiero implica obligarlos a asumir un riesgo que no desean asumir, lo cual reduce su bienestar.

Finalmente, que los trabajadores ahorren a través de activos financieros no implica que deban ahorrar a través de una AFP. Un trabajador podría ahorrar a través de un depósito de ahorro, una cuenta a largo plazo, bonos o acciones. Nos parece acertado que además exista la posibilidad de que el trabajador tenga como opción ahorrar a través de una AFP. Pero obligarlo a que ahorre a través de este sistema atenta contra la libertad de la persona y no permite por lo tanto una adecuada asignación de recursos.

Estas objeciones al sistema actual de ahorro obligatorio no implican que las AFPs deban ser eliminadas. Si un trabajador desea depositar sus ahorros en una AFP, pues nos parece bien que tal empresa exista. La AFP estaría creando valor al ofrecer un servicio por el que el trabajador está libremente dispuesto a pagar una comisión. En un sistema libre, las AFPs deberían ser lo suficientemente atractivas como para atraer los ahorros de los trabajadores sin que el Estado los obligue a aportar.