La competitividad y la educación
(Diario16, 14 de septiembre de 2013)
Qué duda cabe que la baja competitividad es un factor primordial en la
sostenibilidad del crecimiento económico. Una economía puede crecer a
altas tasas durante un corto período de tiempo; pero si sus niveles de
competitividad son bajos, el crecimiento eventualmente convergirá a
tasas bajas.
Sin embargo, debemos tener cuidado con las implicancias de política de
esta relación positiva entre competitividad y crecimiento económico.
Aunque la competitividad tenga efectos positivos en el crecimiento de
largo plazo, no todo esfuerzo por mejorar la competitividad será
recomendable.
Consideremos el caso del capital humano, por ejemplo. Varios estudios
sugieren que un mayor capital humano tiene un impacto positivo en el
crecimiento económico. En este caso, el capital humano, como el capital
físico, contribuiría al aumento de la productividad y un mayor nivel de
actividad económica. No es sorprendente, en tales circunstancias, que la
educación sea un elemento importante en las estimaciones de
competitividad.
Si consideramos el gasto público en educación como una inversión en
capital humano, sin embargo, debemos tener mucho cuidado en medir la
rentabilidad social de tal inversión con el fin de determinar si es
conveniente o no tal inversión en educación. En realidad, la inversión
en capital humano debe ser socialmente eficiente para que sea
recomendable llevarla a cabo. Existen muchas maneras de aumentar el
bienestar de la población. Lo recomendable es que se utilicen los
recursos de la sociedad de tal manera que la diferencia entre el
beneficio social y los costos sociales sea la mayor posible.
Los economistas utilizamos el concepto de asignación socialmente
eficiente de recursos para referirnos al uso de los recursos que lleva a
la maximización del bienestar de los habitantes de la sociedad. Si los
recursos son asignados de tal manera que se maximice su beneficio neto
por parte de los habitantes de la sociedad, entonces decimos que tal
asignación es socialmente eficiente. Las políticas públicas siempre
tienen beneficiarios. Que existan beneficiarios, sin embargo, no
significa necesariamente que el uso de los recursos sea el correcto:
maneras alternativas de utilizar los recursos pueden producir mejores
resultados y pueden ser por lo tanto más eficientes socialmente.
Este concepto de eficiencia social en la asignación de recursos debe ser
tomado en cuenta para determinar si determinado tipo de inversión en
capital humano es la mejor manera de utilizar los recursos de la
sociedad. Algunos dirán que la educación lleva de todas maneras a mayor
bienestar pues no solo mejora los sueldos de quienes se educan más, sino
además aumenta el PBI. Sin duda, toda inversión —incluyendo la
inversión en capital humano— mejora el bienestar de algunos o muchos y
puede tener un impacto en el PBI. Sin embargo, toda inversión implica un
sacrificio de recursos. Para que una determinada inversión pública sea
recomendable, debe producir beneficios sociales que superen los costos
sociales en la mayor medida posible.
Cuando un gobierno decide cuánto invertir en educación y en qué sectores
invertir, muchas veces no toma en cuenta el concepto de eficiencia
social. En muchos países, por ejemplo, los gobiernos invierten en
educación de la clase media, pese a que la población más pobre tiene
niveles de educación muy bajos. Increíblemente, muchos gobiernos en
países pobres envían a algunos de sus ciudadanos a estudiar maestrías y
doctorados a Estados Unidos y Europa, cuando tienen niños en zonas
rurales sin carpetas ni útiles escolares. Estas políticas no parecen
responder a la búsqueda de la asignación socialmente eficiente de
recursos, sino más bien a presiones políticas y búsqueda de votos en las
zonas urbanas.
En todo país, es urgente que las decisiones de política en educación y
en otros factores que aumentan la competitividad del país respondan a la
búsqueda de la eficiencia social. Que una determinada política mejore
la competitividad del país no implica necesariamente que esa política
lleve a una asignación socialmente eficiente de los recursos, y por lo
tanto no hace necesariamente recomendable a esa política. Los recursos
son escasos —siempre lo serán, aunque el PBI crezca—, por lo que es
importante que dichos recursos sean bien asignados.