Calidad de la educación superior
(Diario16, 18 de mayo de 2013)
La última gran idea de algunos congresistas para mejorar la calidad educativa
es un proyecto de ley que crearía una superintendencia educativa. Esta
superintendencia velaría por que las universidades e institutos no estafen a sus
estudiantes y ofrezcan un mínimo de calidad a sus estudiantes.
La preocupación por las estafas en el mercado educativo es legítima. Debido a
la ineficiencia y corrupción en el Poder Judicial, parece poco probable que los
estafadores sean castigados. Si a esto le añadimos el hecho de que está
prohibido crear nuevas universidades y abrir nuevas sucursales, la falta de
competencia incentiva aún más las estafas. La solución a este problema, sin
embargo, parte por solucionar los graves problemas del Poder Judicial y eliminar
las barreras a la entrada al mercado educativo, no por crear más instituciones
reguladoras.
Quienes promueven una mayor regulación estatal, sin embargo, indican que el
problema de la educación superior va más allá de las estafas. Sostienen que
muchas veces los estudiantes se matriculan en universidades e institutos
reconociendo la baja calidad educativa de los centros de estudio. Aunque ello no
sería en sí mismo una estafa (pues los estudiantes conocen que la calidad no es
alta), aseguran que no es recomendable, pues el Perú “necesita mejor capital
humano”.
Este argumento en favor de la regulación estatal para aumentar la calidad
educativa en universidades e institutos es bastante débil. Desde un punto de
vista moral, por ejemplo, el Estado no tiene el derecho a interferir en una
transacción voluntaria donde las partes están informadas del producto
(incluyendo la calidad) a ser transado.
La debilidad del argumento, sin embargo, es mucho más clara cuando notamos
que aumentar la calidad educativa tiene un costo. Si pensamos que mayor calidad
implica contratar mejores profesores, utilizar más recursos físicos, o dedicar
más tiempo a los alumnos, es claro que la mayor calidad educativa solo se puede
producir con la utilización de mayores y mejores recursos. Estos recursos tienen
un costo de oportunidad, es decir estos recursos podrían ser utilizados para
otros fines que satisfagan otras necesidades. ¿Pagarán ese costo quienes ofrecen
el servicio, a través de menores ganancias? ¿Lo pagarán los estudiantes, a
través de un mayor precio? ¿O lo pagará el Estado y, por lo tanto, los
contribuyentes, a través de un mayor subsidio?
Existen en nuestro país muchos que parecen considerarse “ingenieros
sociales”, es decir personas encargadas de diseñar cómo debe ser la sociedad.
Teniendo un ideal de sociedad en sus mentes, proponen cambios legales con el fin
de asegurar que la sociedad sea como ellos la han concebido. Estos “ingenieros
sociales” ahora proponen que el Estado debe procurar aumentar la calidad
educativa, a través de unalegislación que prohíba que la calidad sea lo que
ellos consideran muy baja. Estos “ingenieros sociales” no solo parecen creer que
ellos saben lo que es mejor para la sociedad sino que además parecen no darse
cuenta de que toda decisión implica un costo de oportunidad.
En un contexto en el que los estafadores sean castigados por jueces honestos,
quienes deben decidir si el costo de aumentar la calidad educativa vale o no la
pena deben ser los mismos ofertantes y demandantes de educación. En
transacciones libres de coerción, las universidades, institutos y estudiantes
son quienes determinan los tipos de educación y sobre todo la calidad educativa.
Después de todo, son justamente los estudiantes quienes mejor pueden decidir qué
tipo de educación necesitan dadas sus restricciones presupuestarias y sus
perspectivas laborales. Y son justamente las universidades y los institutos los
que mejor pueden decidir cómo satisfacer las necesidades de los estudiantes.