La institucionalizacíón de la corrupción
(Diario16, 19 de diciembre de 2012)
Existe la sensación en gran parte de la población de que un número importante de autoridades nacionales, regionales y municipales son corruptas, es decir, que tratan de obtener un beneficio personal abusando del poder político que tienen. Esta sensación parece estar bastante correlacionada con la realidad. Con frecuencia se difunden noticias de autoridades contratando a familiares, otorgando concesiones a amigos o testaferros, concediendo privilegios a empresarios cercanos y desviando recursos a sus propias cuentas. No debería sorprendernos, entonces, que el Perú sea considerado como un país con una alta percepción de corrupción, tal como lo indica la organización Transparency International.
Sin embargo, más allá de la percepción de que existe corrupción, es importante que diferenciemos entre corrupción institucionalizada y corrupción no institucionalizada. Después de todo, existe la sensación en parte de la población de que la corrupción ya es “parte del sistema”.
En sociedades donde la corrupción no se encuentra institucionalizada, la corrupción no es un elemento básico del sistema político. En este caso, las normas legales no buscan facilitar los actos de corrupción y existe más bien una alta probabilidad de que los corruptos sean descubiertos y penalizados. Se producirán actos de corrupción, pero estos no serán generalizados. Los actos de corrupción serán la excepción y no la regla.
Por el contrario, cuando la corrupción se encuentra institucionalizada, la corrupción es parte integral del sistema político. En este caso, muchas normas legales (creadas por funcionarios corruptos) dificultarán el descubrimiento y penalización de los actos de corrupción. La corrupción será entonces generalizada. Los actos de corrupción serán la regla y no la excepción.
Es más, cuando la corrupción se encuentra institucionalizada, o está cerca de serlo, las autoridades honestas no solo serán la excepción, sino que además serán combatidas con medios “legales” e ilegales. Autoridades honestas serán amenazadas o incluso asesinadas por aquellos que buscan aprovecharse del poder político. En algunos casos, mecanismos en teoría democráticos, como la revocatoria, pueden también ser utilizados para amenazar a aquellos que gobiernan de manera honesta o aquellos que “osaron” fiscalizar y denunciar actos de corrupción.
En sociedades donde la corrupción está institucionalizada, el desempeño económico no será positivo. La inversión será cada vez más riesgosa, los empresarios invertirán parte de sus recursos en pagar sobornos a funcionarios corruptos, el crecimiento de la productividad de la economía será menor y, por lo tanto, el crecimiento de la riqueza de la sociedad será menor. Además, los recursos públicos serán asignados en función de los intereses de las autoridades y funcionarios deshonestos, raras veces para satisfacer las necesidades de la población más pobre. Con el transcurso del tiempo, por más que la economía enfrente precios internacionales altos, o por más que no haya déficit fiscal ni inflación, el crecimiento económico será muy bajo y la capacidad del país para resolver los problemas económicos y sociales más importantes será limitada.
En el Perú, en los últimos años, tanto las amenazas físicas como el asesinato y la revocatoria de autoridades locales han sido utilizados en muchos casos para amedrentar a autoridades honestas o simplemente para deshacerse de aquellos que dificultaban los actos de corrupción. Estos mecanismos desincentivan la lucha contra la corrupción y generan un panorama bastante desalentador. Después de todo, ¿quien se atreverá a enfrentarse a individuos corruptos cuando estos tienen un gran poder e influencia sobre la ciudadanía? ¿Valdrá mucho, entonces, que nos enfoquemos en lograr superávits fiscales y una inflación baja cuando la corrupción puede llegar a obstaculizar el desarrollo económico?