El derecho de propiedad en el Perú, un derecho a medias

(Diario16, 27 de julio del 2013)

Hace dos años, Ollanta Humala llegó a la Presidencia de la República como el candidato de los más pobres y los desprotegidos. Humala propuso entonces grandes cambios, todos ellos incluidos en su programa de la “Gran Transformación”, cambios que llenaron de incertidumbre a muchos. Pronto, sin embargo, el programa de la “Gran Transformación” fue dejado de lado; y el Gobierno más bien continuó con las políticas económicas aplicadas desde los años 90.

¿Pero estamos siguiendo un programa económico ideal? Ciertamente, es preferible el programa económico actual a aquel que pretendía aplicar Humala en un inicio. Sin embargo, no debemos pecar de conformistas y sostener que el sistema económico actual es inmejorable. El sistema económico actual tiene enormes falencias que no permiten que las personas aprovechen sus recursos (tiempo, capital humano, capital físico) de la mejor manera posible.

Una de las falencias del sistema económico es la gran desprotección de los derechos de propiedad. Hoy en día, la corrupción y el crimen recortan la capacidad de los ciudadanos de gozar de sus derechos de propiedad, generando un enorme desincentivo para el ahorro y la inversión. Al desproteger los derechos de propiedad de las personas, este sistema legal se encuentra muy lejos de ser un sistema realmente liberal y no permite, por lo tanto, una asignación eficiente de los recursos.

Algunos quizás piensen que la protección de los derechos de propiedad beneficia sobre todo a quienes tienen más dinero. La realidad, sin embargo, muestra que cuando los derechos de propiedad son débiles, los más pobres no tienen posibilidades de salir de la pobreza. En un país con débiles derechos de propiedad, la inversión de las empresas es limitada, lo que termina afectando severamente a los trabajadores: con poca inversión, los trabajadores tienen enormes dificultades para encontrar empleo con salarios adecuados. Pero el impacto negativo en los más pobres se da no solamente porque las empresas grandes invierten menos. En muchos casos, los más pobres son los directamente afectados por la debilidad de los derechos de propiedad. Considere, por ejemplo, la historia rural del Perú. Como consecuencia de la desprotección de los derechos de propiedad y, en particular, como consecuencia de la corrupción en las Cortes de Justicia, en los últimos dos siglos numerosas comunidades campesinas perdieron sus tierras a manos de invasores y traficantes de tierras.

De esta manera, los más pobres enfrentan enormes dificultades para salir de la pobreza cuando el sistema legal no protege los frutos de su trabajo. Lamentablemente, el gobierno de Humala no ha hecho mucho por fortalecer el sistema de derechos de propiedad. Hoy en día, la corrupción está casi institucionalizada; y el crimen sigue en avanzada. No entendemos por qué el Gobierno no ha hecho más para combatir estos problemas. Quizás, como muchos políticos, el presidente Humala no le dé la importancia que debe a la protección de los derechos de propiedad para acabar con la pobreza. De hecho, los discursos del presidente Humala sugieren que para él la manera más efectiva de acabar con la pobreza es a través de políticas asistencialistas. El presidente no parece pues entender que la manera más directa de acabar con la pobreza consiste en garantizar un sistema legal que proteja los derechos de propiedad de todos y no solamente de quienes tienen “buenos contactos”.

Sin duda, no estábamos de acuerdo con aquella “Gran Transformación” que Ollanta Humala pretendía ejecutar hace dos años. Pero, sí creemos que Perú necesita una gran transformación, una transformación hacia un sistema realmente liberal, hacia un sistema que proteja los derechos de propiedad de las personas, un sistema donde la propiedad no sea un derecho a medias.