(Diario16, 3 de agosto de 2013)
Si un político anuncia en plena campaña electoral que los programas de
subsidios a la vivienda para los sectores más pobres deben ser
eliminados, muy probablemente no obtendrá muchos votos. De hecho,
probablemente será llamado “insensible” y hasta “enemigo de los más
pobres”. Nosotros, sin embargo, no somos políticos y creemos que es
importante discutir si realmente deben existir los subsidios a la
vivienda de los más pobres.
¿Deben existir estos subsidios?
Antes de responder a esta interrogante, debemos definir claramente a lo
que nos referimos con subsidio. Definimos subsidio a la vivienda como
una transferencia de recursos fiscales dirigidos específicamente a financiar
la construcción de viviendas. Esta definición es de vital importancia.
No hablamos en este caso de transferencias de recursos para que los
hogares dispongan de ellos libremente, sino de recursos destinados
exclusivamente a la construcción de viviendas.
Muchos políticos probablemente defenderán los programas de subsidio a la
vivienda a los hogares más pobres. Sostendrán que es urgente que el
gobierno garantice que todos sean dueños de viviendas y que éstas tengan
determinadas características. Sostendrán que el gobierno debe ser
sensible a las necesidades de la población y que esas necesidades incluyen la propiedad de una vivienda.
Sin duda muchos estarían contentos con la idea de contar con una
vivienda sin pagar por el costo de ella. Pero para que el subsidio a la
vivienda de una familia constituya lo mejor para dicha familia es necesario que ser dueño de una vivienda sea una necesidad más importante que
otras. Solo si la necesidad de ser dueño de una vivienda es preferible a
otras necesidades, podríamos decir que los hogares más pobres están
logrando el máximo beneficio posible con los recursos fiscales
utilizados para el subsidio.
Sin embargo, la evidencia muestra que las familias pueden dedicar tales
recursos fiscales a muchas alternativas. Si una familia no ha logrado
cubrir sus necesidades alimenticias, entonces probablemente desearía
dedicar gran parte del dinero a comprar alimentos. Si una familia tiene a
un miembro enfermo, podría dedicar ese dinero a la curación de la
enfermedad. Si una familia tiene varios niños o jóvenes, podría dedicar
ese dinero a invertir en su educación. Si una familia tiene otras
necesidades que considere más importantes que comprar una vivienda,
optaría por satisfacer dichas necesidades antes que comprar una
vivienda. Comprar una vivienda no sería pues necesariamente la mejor
opción para todos.
Es más, incluso si la familia decide dedicar parte de los recursos a la
construcción de una vivienda, lo podría hacer al mismo tiempo que
satisface otras necesidades. La familia, en este caso, preferiría contar
con el dinero, construir su vivienda a lo largo de los años, y al mismo
tiempo cubrir otras necesidades urgentes. Y es que usualmente la mejor
decisión no consiste en atender solamente una necesidad básica y dejar
otras desatendidas.
En cualquier caso, ya sea que la familia desee dedicar todo el dinero
a la adquisición de una vivienda o no, la mejor política pública no
consiste en que el gobierno decida por las personas. Existe una gran
diferencia entre que el Estado decida que el dinero vaya a la
construcción de viviendas y entregar el dinero a los beneficiarios para
que éstos decidan qué hacer con él. Al entregar el dinero a los hogares
más pobres, éstos podrán decidir qué hacer con él de acuerdo con sus
propias necesidades.
No tiene pues mayor sentido que los políticos defiendan los programas de
subsidio a los más pobres. Si los políticos realmente se preocupan por
los más pobres, y no por las inauguraciones de grandes complejos de
vivienda -que muchas veces más bien favorecen a la clase media- deberían
empezar a delegar en los mismos beneficiarios la decisión de qué hacer
con el dinero.