Privilegios en las pistas
(Diario16, 13 de febrero de 2013)
Que los privilegios abundan en nuestro país es bastante evidente. Somos una sociedad donde, muchas veces, quienes tienen poder político lo utilizan para beneficiarse a sí mismos o para beneficiar a sus familiares y más cercanos colaboradores.
Comentemos, por ejemplo, el caso de las privilegiadas autoridades (ministros, viceministros, congresistas, etc.) que, en sus autos con lunas polarizadas, se pasean por las pistas desviando el tráfico, muchas veces sin respetar las señales de tránsito tales como la luz roja y los límites de velocidad. Que algunas de esas autoridades hayan ocasionado accidentes de tránsito no debe llevarnos a sorpresa. Quien se ha topado con las sirenas de estos autos y unos cuantos policías motorizados desviando abruptamente el tránsito para el pase de las privilegiadas autoridades sabe que es casi milagroso que no haya accidentes mortales causados por la impericia de los autos oficiales y sus motorizados acompañantes.
Es bastante obvio que estas privilegiadas autoridades son un peligro en las pistas. Manejar como dichas autoridades manejan, sin ningún tipo de respeto por los demás conductores, aumenta la probabilidad de accidentes.
Sin embargo, además de peligrosas, estas autoridades nos muestran que la mentalidad monárquica o virreinal no ha desaparecido de nuestro país. Que estas autoridades utilicen el poder político que tienen para dominar las pistas es una señal más de que la República que tenemos es bastante incipiente. Después de todo, estas autoridades, que no solo violan las leyes de tránsito, sino que además no pagan las multas, parecen creer que en este país el que llega al gobierno tiene el derecho a un tratamiento especial, es decir, a privilegios. El poder político que tienen “no tendrá un origen divino”, pero, como los monarcas, estas autoridades creen merecer un trato especial.
Algunos señalan que las autoridades están en constante peligro y deben, por lo tanto, manejar raudamente para no ser atacados. Esta afirmación no tiene mucho sustento. Hoy en día, los delincuentes no tienen como objetivo asaltar a las autoridades políticas. En los ochenta, quizás esa era una preocupación sensata. Pero hoy en día, ese peligro de sufrir un atentado no parece ser muy racional. Es más, si realmente se quiere proteger a las autoridades, se debería más bien brindar mayor protección a los fiscales y jueces que se enfrentan a peligrosos criminales, sobre todo aquellos acusados de narcotráfico.
Pero los privilegios de algunas de nuestras autoridades van mucho más allá de manejar de manera muy poco prudente. Que algunos congresistas, por ejemplo, sientan que pueden contratar a sus familiares y amigos, que no tienen que rendir cuentas por sus gastos de operación o que pueden utilizar la inmunidad parlamentaria para evitar penas de cárcel son más muestras de que somos una sociedad de privilegios, de que existen dos tipos de peruanos, aquellos que deben respetar la ley y aquellos que están por encima de la ley.
Son estas acciones, precisamente, las que deterioran, con justicia, la imagen de las instituciones del Estado. Si las autoridades se asumen privilegios que no les corresponden, la población civil, aquella que no tiene privilegios (ciertamente no los de manejar sin respetar las señales de tránsito), siente que este es un país con muchas injusticias y que un cambio drástico es urgente. ¿Cómo esperar en estas circunstancias que la población sienta respeto por las instituciones del Estado? ¿Cómo esperar que la población no opte por un cambio drástico cada vez que se convoca a elecciones?