La corrupción: un análisis teórico-empírico

(Punto de Equilibrio, Año 9, No. 69, diciembre 2000-enero 2001)
Luis Felipe Zegarra
Mario Caballero

Una definición general de la corrupción es el uso de un cargo público en beneficio propio. Los casos de corrupción son varios e incluyen entre otros, al soborno, la extorsión, el fraude, la apropiación de fondos públicos con fines privados y la malversación de fondos públicos por políticos y funcionarios del Estado. En Perú, todas estas modalidades de corrupción se han cumplido, ya sea por la presencia de magistrados, jueces y funcionarios públicos corruptos como por la existencia de un servicio de inteligencia, que se encargaba de extorsionar y sobornar a quienes se opusieran al régimen. Esta corrupción institucionalizada desde el poder terminó por eliminar la independencia de muchas instituciones como la Sunat, el poder judicial y las FF.AA. Por otro lado, el alto grado de corrupción ha dejado como una de sus principales consecuencias un alto nivel de incertidumbre, que ha afectado el nivel de percepción de los inversionistas extranjeros, así como su disposición a invertir en el país.

Consecuencias económicas de la corrupciónDe acuerdo con la teoría neoclásica, el crecimiento de una sociedad depende del intercambio comercial de los individuos y del grado de especialización del trabajo, los que se explican por el nivel de costos de transacción que enfrentan los individuos. Asimismo, para los neoclásicos, los costos de transacción no son determinados de manera exógena. Por el contrario, estos dependen de lo que ellos llaman las “reglas de juego”, que son códigos de conducta y normas legales establecidas con la finalidad de fomentar algunas acciones y restringir otras. En este contexto, la existencia de un marco regulatorio transparente, que defina y garantice los derechos de propiedad, que restrinja el comportamiento oportunista de los agentes públicos y que favorezca la estabilidad de las reglas de juego, incentivarán el crecimiento económico.
Por el contrario, cuando los agentes públicos -burócratas, funcionarios públicos, autoridades o jueces- abusan de su poder favoreciendo a ciertos grupos y marginando a otros, el resultado es una pérdida de confianza de los agentes privados con respecto a la validez de los derechos de propiedad y de los contratos pactados. En estas circunstancias, los más afectados son los inversionistas extranjeros y las pequeñas empresas, que son a menudo invadidas por burócratas e inspectores de impuestos con el fin de obtener sobornos.
Las presiones también provienen de los altos funcionarios, quienes imponen altos costos monetarios por otorgar licencias y autorizaciones. Por otro lado, la corrupción no solo afecta el nivel de inversión, sino también el destino de dicha inversión, al impedir el desarrollo de proyectos de largo plazo. En efecto, al no existir un conjunto de reglas claras, se fomenta el ingreso de capitales especulativos o en todo caso de corto plazo. En consecuencia, debido a que la corrupción genera inestabilidad en las “reglas de juego”, el efecto sobre el crecimiento económico es negativo.

Los efectos de la corrupción no se refieren únicamente a las menores tasas de crecimiento económico. Un mayor nivel de corrupción también incrementa el nivel de pobreza y afecta la distribución de la riqueza de un país. El incremento de la pobreza se da como consecuencia de un menor nivel de inversión privada. Asimismo, la corrupción fomenta un mayor nivel de evasión tributaria, así como excepciones en el pago de tributos para quienes poseen buenos contactos. Esto trae consigo una reducción de la base tributaria y de la progresividad del sistema tributario. Por otro lado, la corrupción también afecta el nivel de focalización del gasto social, ya que los proyectos sociales no van dirigidos a los más necesitados, sino a quienes tienen más contactos. Por último, la corrupción puede afectar la distribución del ingreso y la pobreza, en la medida en que afecta el desarrollo del capital humano, al reducir los niveles de gasto social en educación y salud.

¿Cómo controlar la corrupción?El incremento de la corrupción en las economías emergentes, se debe al surgimiento de un conjunto de condiciones que han propiciado su desarrollo. En estas economías, la motivación por obtener mayores ingresos es sumamente fuerte, lo que responde principalmente al alto nivel de pobreza y los reducidos sueldos de la administración pública. Además de la fuerte motivación, las oportunidades de participar en actos corruptos son numerosas, como consecuencia del alto poder discrecional de muchos funcionarios públicos. La mayor intervención del Estado en los mercados privados, es una de las razones por las que los funcionarios tienen la capacidad de sobornar al público. Por ejemplo, en los países con mayores controles de precios y proteccionismo, los niveles de corrupción son mayores.
La falta de una fiscalización adecuada, que exija una completa rendición de cuentas, es otro factor que incentiva la corrupción, en la medida en que no existe un grupo de instituciones con la suficiente voluntad como para investigar y castigar los delitos cometidos por los funcionarios públicos. Por ello, en países donde las decisiones de los gobiernos son más transparentes, menos centralizadas y, por lo tanto, menos difíciles de controlar y penalizar, la corrupción es menor.
Finalmente, el poco desarrollo ético de los gobiernos en las economías poco desarrolladas es un común denominador que ha afectado de manera positiva el grado de corrupción.
Al ser la corrupción una transacción entre un agente público y uno privado, esta solo se realiza si los beneficios de dicha transacción supera a sus costos. Para el agente público, los beneficios se encuentran representados por el total de sobornos que recibe; mientras que los costos responden a la probabilidad de ser descubierto y penalizado. En el caso del agente privado, los beneficios están constituidos por el acceso privilegiado sobre un bien público escaso; mientras que los costos son el soborno ofrecido al agente público, así como la probabilidad de ser descubierto y penalizado.

En la medida en que el servicio ofrecido por el agente público sea de mayor calidad y la penalización esperada sea menor, los beneficios de la corrupción se incrementan. Si el agente público tiene influencia sobre el Parlamento, los tribunales de justicia, la prensa y, en general, sobre cualquier agente fiscalizador, es poco probable que sea penalizado por los actos de corrupción que cometa. Asimismo, un nivel bajo de ingreso y educación por parte de la población, reduce la probabilidad de que los actos de corrupción sean detectados, pues los pobladores gozan de menores flujos de información, con lo que las decisiones de las autoridades resultan menos transparentes.
En este contexto, la corrupción se puede controlar a través de un conjunto de reformas de carácter económico-institucional. En el campo económico, los actos de corrupción dejan de ser efectivos en la medida en que los agentes públicos disminuyan el poder discrecional que mantienen. Por ello, algunas medidas como la reducción de aranceles y otros obstáculos al comercio internacional, la eliminación de subvenciones a empresas, la reducción al mínimo de la reglamentación, los requisitos para licencias y otros obstáculos a la entrada de nuevas empresas e inversionistas, sumado a la privatización de bienes del Estado, permitirían reducir el grado de control de los agentes públicos. En el campo institucional, se requiere una reforma de la administración pública; la mejora de la función presupuestaria, de la gestión financiera y de la administración fiscal; y el fortalecimiento de los sistemas legales y judiciales. Asimismo, la existencia de una prensa libre es fundamental. Tanto la promulgación como el mantenimiento de leyes restrictivas contra la difamación para proteger a políticos y funcionarios, deben combatirse para proteger la libertad de expresión y de información de los ciudadanos.