Revisando la historia. El gobierno de Bustamante y la política económica aprista. ¿Cualquier parecido es pura coincidencia?
(Punto de Equilibrio, Año 10, No. 71, abril-mayo 2001)
En esta campaña electoral, Alan García ha sostenido en repetidas oportunidades que ya no cometerá los mismos errores que en el pasado, que respetará los equilibrios macroeconómicos, que no aplicará controles de precios, que respetará la libertad de mercado y que no aplicará políticas populistas vía el derroche de los recursos públicos y la emisión inorgánica de circulante. Varios sectores de la población peruana parecen creerle. Al menos en la primera vuelta electoral, García obtuvo alrededor del 25% de los votos válidamente emitidos y podría seguir subiendo en las preferencias electorales. Cuando conversamos con quienes votarán por García en la segunda vuelta y les pedimos que nos digan si no creen que García llevará a cabo un gobierno tan malo como el primero, la gran mayoría nos comenta que eso no es posible, que García ya ha madurado, que está arrepentido de sus errores y que más bien enrumbará a la economía por el camino del progreso. ¿Es esto posible?
Un primer problema es que García aún mantiene los sesgos heterodoxos en su mensaje. Pero este no es el único problema. Existe otro más importante, que tiene que ver con la concepción sobre la política económica, no solo de García sino además de muchos otros dirigentes apristas. ¿Acaso García no representa a un partido que está mejor estructurado que la mayoría de movimientos caudillistas que actualmente existen? Entonces, si García proviene de y representa a un partido bien organizado, la realidad no es tan simple como para señalar que García fue el único responsable de su gobierno ni para señalar que, en un eventual gobierno de García, solo deberíamos preocuparnos por sus ideas económicas y no por las de otros dirigentes apristas, a quienes él debe rendir cuentas.
En estas circunstancias, la historia se torna muy relevante. La historia nos puede ofrecer evidencia valiosa sobre la política económica aprista. Son varios los episodios históricos que nos muestran que no sólo García, sino además muchos dirigentes apristas, conciben como ‘óptima’ una política económica con controles excesivos. Uno de los mejores ejemplos es el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero (1945-48). ¿Por qué es importante este gobierno? Porque, tal como veremos en las siguientes líneas, el Partido Aprista tuvo una influencia decisiva en la política económica. Curiosamente (de manera similar a lo ocurrido en el gobierno de García), durante el gobierno de Bustamente, los controles de precios, del tipo de cambio y de las importaciones, y el consiguiente desabastecimiento de productos, mercados negros y corrupción formaron parte de la vida económica de nuestro país.
El APRA y la elección de Bustamante
Hasta antes de 1945, la representación de la sociedad civil en nuestro país había sido sumamente restringida. El triunfo de Bustamante y Rivero en las elecciones de 1945 como líder del Frente Democrático Nacional (FDN), que congregaba a intelectuales y políticos, entre los cuales los más importantes fueron los apristas y los reformistas moderados, pareció representar un cambio profundo en la forma de hacer política en el país, pese a que aún la participación popular en el proceso electoral era limitada. Dado que el APRA tenía aceptación sobre todo entre los sectores medios y populares urbanos, una vez que el FDN llegó al poder, los sectores populares sintieron que al fin podrían satisfacer sus demandas, deseos que se vieron fortalecidos por la aparición de un mayor número de sindicatos.
En estas circunstancias, tras el triunfo electoral del FDN, “parecía que las fuerzas oligárquicas estuvieran por caer de sus pedestales por el movimiento de masas. Los cambios se dejaron sentir de inmediato con la multiplicación de organizaciones sindicales, obreras y campesinas que pedían aumentos salariales y nuevas y mejores condiciones de trabajo; en la formación de organizaciones estudiantiles y en la eliminación de los profesores oligarcas de las universidades, así como en la implantación del gobierno estudiantil en los centros de estudios superiores y la sustantiva ampliación de los márgenes de ingreso estudiantil; en el encumbramiento de nuevos escritores que representaban las reivindicaciones populares; en la rápida difusión de nuevos medios de comunicación que planteaban los aspectos de la problemática política y económica de los sectores populares. En fin, era muy claro el replegamiento de las fuerzas oligárquicas en todo orden, salvo el de la propiedad” (1).
Hasta antes del gobierno de Bustamante los sectores populares no habían tenido representación política adecuada, por ello, el populismo económico tenía las puertas abiertas para desarrollarse. Entonces, el APRA pudo aprovechar su poderosa presencia en el Congreso y en el Ejecutivo y aplicar una política de controles de precios, de importaciones y del tipo de cambio, así como políticas macroeconómicas populistas, medidas que propiciaron el aumento de la inflación, el desabastecimiento de los productos de primera necesidad, el surgimiento de mercados negros, el caos, la corrupción y el descontento popular.
La política económica de Bustamante
Desde el inicio de su gobierno, Bustamante tuvo que hacer frente a las presiones del Partido Aprista (además de los sindicatos y de las distintas organizaciones populares) por medidas económicas urgentes que ‘beneficien’ a los sectores populares. La manera más rápida que encontró el gobierno para satisfacer las exigencias populares fue el establecimiento de controles de precios, la restricción de las importaciones que competían con la producción nacional, y la compra-venta de dólares a diferentes tipos de cambio establecidos por el gobierno.
En lo que se refiere a los controles del tipo de cambio y de las importaciones, el gobierno restringió o inclusive prohibió las importaciones de bienes de consumo, especialmente las de lujo, y subsidió las importaciones de insumos y bienes de capital, con el fin de favorecer a la producción manufacturera. En enero de 1945, el gobierno fijó el tipo de cambio en S/. 6,5 y estableció el régimen de control de las importaciones, para lo cual los importadores requerían presentar licencias con el fin de recibir las divisas necesarias de parte del Banco Central de Reserva (BCRP). Como los exportadores debían entregar al BCRP el 100% de las divisas obtenidas por sus ventas al exterior, por las cuales obtendrían soles al tipo de cambio oficial, el BCRP era el único que podía vender dólares a los importadores. De esta manera, eran los funcionarios públicos y no los propios productores y consumidores quienes asignaban las divisas oficiales, según los objetivos del gobierno.
De esta manera, el Estado aplicó una política de control de precios, especialmente a los productos de primera necesidad (2). Esta política, junto con la de control del tipo de cambio y la restricción de las importaciones, según sus defensores, tenía como objetivo contener la devaluación y las presiones inflacionarias, sobre todo referidas a los productos de primera necesidad, lo que devendría en la disminución del costo de vida. En este sentido, la política de Bustamante tenía como beneficiarios directos a los sectores populares. Sin embargo, en la práctica, fue imposible evitar el caos y la corrupción en la aplicación de estas políticas, sobre todo cuando los precios y el tipo de cambio en el mercado negro eran cada vez mayores.
El aumento constante de los precios en el mercado negro se produjo como consecuencia de la creciente demanda por alimentos ante el crecimiento demográfico y de la mayor urbanización, del estancamiento de la oferta agropecuaria y del crecimiento explosivo de los precios internacionales de los alimentos. En estas circunstancias, dado que era más rentable vender en el mercado negro que en los mercados oficiales, los controles provocaron el crecimiento de la especulación. Para contrarrestar esta situación, el gobierno abrió puestos de venta oficiales para los artículos de primera necesidad sujetos a control de precios. Sin embargo, esta medida generó un mayor caos, arbitrariedad y corrupción. El desabastecimiento estaba a la orden del día. Ante esto, empezó a surgir la creencia de que a diferencia del resto de la población, los apristas sí podían acceder a los productos escasos.
En el caso de la restricción de importaciones y del tipo de cambio fijo, también se fomentó la especulación y la corrupción. Debido a que el gobierno permitió la importación de bienes de capital e insumos y restringió la de bienes de consumo, especialmente textiles, se evitó la competencia extranjera, lo que favoreció a un pequeño grupo de empresarios a costa de las grandes mayorías de consumidores, quienes se enfrentaron a productos de baja calidad y caros.
Como el tipo de cambio oficial se mantuvo por debajo de su valor en el mercado negro, importar con divisas oficiales se convirtió en una actividad altamente rentable, por lo que rápidamente aumentó el interés de las empresas por dedicarse al negocio. Esto se vio agravado por la falta de competencia y/o moralidad de las comisiones encargadas de supervisar la asignación de divisas oficiales. El hecho es que la sobrefacturación parece haber sido una práctica bastante común. En estas circunstancias, el deseo evidente era obtener divisas al cambio oficial que, convertidas en importaciones, podían venderse al doble o triple de su valor. Muchas de las solicitudes no contaban probablemente con un adecuado respaldo en soles, pero tener una licencia aprobada era poseer un capital que podía multiplicarse. Con el transcurso del tiempo aparecieron cada vez más importadores, no porque hubiese existido un crecimiento explosivo de la demanda por los productos importados, sino por la alta rentabilidad que implicaba comprar dólares baratos y comerciar los productos importados. Por ello, se expandió el crédito bancario dirigido principalmente a créditos para la importación. El gobierno intentó, por medio de la persuasión, que los bancos disminuyesen los préstamos dedicados a importar y aumentaran los dirigidos a la producción agrícola e industrial. Sin embargo, dado lo atractivo de dedicarse a la actividad importadora, los intentos del gobiernos fueron infructuosos.
Debido a estos problemas, el gobierno decidió en junio de 1947, no solo prohibir ciertas importaciones, sino además priorizar las importaciones legales, estableciendo cuatro categorías. La categoría A comprendía alimentos, necesidades del Estado e insumos para las industrias de exportación y mercado interno. Estos bienes podían importarse al tipo de cambio oficial. En las categorías B y C, estaban comprendidos los bienes necesarios pero no indispensables, que podían importarse con las divisas propias, las cuales provenían del turismo, de la repatriación de capitales y de los certificados de oro. En la categoría D se encontraban los bienes de lujo o producidos en el país, cuya importación estaba prohibida. Además, el gobierno eliminó el requerimiento de licencia para la importación de bienes de las categorías B y C, para lo cual se utilizarían las divisas provenientes del mercado libre.
La lógica de estas medidas era racionalizar el consumo de divisas. No importaba que se incrementen los precios de los bienes de las categorías B y C, pues ellos no eran consumidos mayormente por las clases populares. Es decir, se trataba de evitar el incremento del costo de vida de las clases más pobres. Sin embargo, los problemas no desaparecieron, pues la demanda de dólares oficiales seguía siendo superior a la oferta y el tipo de cambio libre crecía rápidamente. Esto era un serio problema, pues “los bienes importados con divisas oficiales tendían a aparecer en el mercado a precios del dólar libre” (3).
En setiembre de 1948, el gobierno dictó la devolución del 35% de las divisas de los exportadores, de tal manera que el 65% restante era retenido por el Estado. Además, estableció un impuesto a las importaciones B y C de S/. 3,5 por dólar y de S/. 10 para las importaciones D, las cuales hasta ese entonces fueron prohibidas.
Este relajamiento de los controles de las importaciones fue complementado con el relajamiento de los controles de precios y la disminución de la fiscalización de la comercialización. Se sustituyeron los precios fijos por los precios tope y se autorizaron sucesivas alzas de estos. A pesar de ello, las alzas no solucionaron el problema de la escasez. El malestar entre la población era evidente.
Las moralejas de la historia
La evidencia parece mostrar que las políticas de controles no son exclusivas de Alan García, sino de muchos dirigentes apristas. De hecho, hace ya más de 50 años (cuando García no había siquiera nacido), Bustamante aplicó una política económica basada en controles de precios, del tipo de cambio y de las importaciones, política que llevó a una severa crisis económica, caracterizada por el desabastecimiento de productos de primera necesidad, mercados negros, precios elevados y corrupción. La esperanza inicial que despertó el gobierno de Bustamante fue así rápidamente doblegada por la crisis económica y la escasez.
Esto tiene una relevancia especial en la coyuntura electoral actual, con un García señalando que ha cambiado, que ya no cometerá los mismos errores del pasado (que ya no incurrirá en cuantiosos déficit públicos, que ya no derrochará las reservas internacionales y que ya no se recurrirá a la emisión inorgánica de circulante) y con cientos de miles de peruanos creyendo en su palabra (que ahora sí García se convertirá en el Presidente de todos los peruanos y que nuestro futuro será diferente).
No dudamos de la honestidad de García. De hecho, estamos seguro que las medidas que propone parten de sus convicciones personales y partidarias sobre lo que es mejor para la economía peruana. Uno de los problemas es que, por más que haya cambiado, aún mantiene ciertos sesgos heterodoxos en sus propuestas. Pero un problema más importante es el que al interior de su partido, García no es el único obstáculo al libre mercado. ¿Sería suficiente que García haya cambiado y se haya convertido en un defensor del libre mercado para que, en caso él gane las elecciones, su gobierno nos lleve por el progreso económico?
Creemos que no. Después de todo, ¿acaso no es cierto que muchos dirigentes apristas (tal como sucedió durante el gobierno de Bustamante) consideran que el Estado debe intervenir activamente en la economía? ¿Acaso no es cierto que García, como dirigente de un partido más o menos bien estructurado y organizado, debe rendir cuentas a su partido, de tal manera que por más que él haya cambiado, las medidas que él aplique nunca dejarán de controlar excesivamente los mercados?
Notas
1. Cotler, Julio, Clases, Estado y Nación en el Perú, Lima: IEP, 1978.
2. Vásquez de los Ríos, Alberto, Economía y política durante el Gobierno de Odría (1948- 1956), Tesis para la obtención del Grado de Bachiller en Economía, Lima: Universidad del Pacífico, 1987.
3. Portocarrero, Maisch, Gonzalo, De Bustamente a Odría. El fracaso del Frente Democrático Nacional. 1945-1950, Lima. Mosca Azul Editores, 1983.
En esta campaña electoral, Alan García ha sostenido en repetidas oportunidades que ya no cometerá los mismos errores que en el pasado, que respetará los equilibrios macroeconómicos, que no aplicará controles de precios, que respetará la libertad de mercado y que no aplicará políticas populistas vía el derroche de los recursos públicos y la emisión inorgánica de circulante. Varios sectores de la población peruana parecen creerle. Al menos en la primera vuelta electoral, García obtuvo alrededor del 25% de los votos válidamente emitidos y podría seguir subiendo en las preferencias electorales. Cuando conversamos con quienes votarán por García en la segunda vuelta y les pedimos que nos digan si no creen que García llevará a cabo un gobierno tan malo como el primero, la gran mayoría nos comenta que eso no es posible, que García ya ha madurado, que está arrepentido de sus errores y que más bien enrumbará a la economía por el camino del progreso. ¿Es esto posible?
Un primer problema es que García aún mantiene los sesgos heterodoxos en su mensaje. Pero este no es el único problema. Existe otro más importante, que tiene que ver con la concepción sobre la política económica, no solo de García sino además de muchos otros dirigentes apristas. ¿Acaso García no representa a un partido que está mejor estructurado que la mayoría de movimientos caudillistas que actualmente existen? Entonces, si García proviene de y representa a un partido bien organizado, la realidad no es tan simple como para señalar que García fue el único responsable de su gobierno ni para señalar que, en un eventual gobierno de García, solo deberíamos preocuparnos por sus ideas económicas y no por las de otros dirigentes apristas, a quienes él debe rendir cuentas.
En estas circunstancias, la historia se torna muy relevante. La historia nos puede ofrecer evidencia valiosa sobre la política económica aprista. Son varios los episodios históricos que nos muestran que no sólo García, sino además muchos dirigentes apristas, conciben como ‘óptima’ una política económica con controles excesivos. Uno de los mejores ejemplos es el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero (1945-48). ¿Por qué es importante este gobierno? Porque, tal como veremos en las siguientes líneas, el Partido Aprista tuvo una influencia decisiva en la política económica. Curiosamente (de manera similar a lo ocurrido en el gobierno de García), durante el gobierno de Bustamente, los controles de precios, del tipo de cambio y de las importaciones, y el consiguiente desabastecimiento de productos, mercados negros y corrupción formaron parte de la vida económica de nuestro país.
El APRA y la elección de Bustamante
Hasta antes de 1945, la representación de la sociedad civil en nuestro país había sido sumamente restringida. El triunfo de Bustamante y Rivero en las elecciones de 1945 como líder del Frente Democrático Nacional (FDN), que congregaba a intelectuales y políticos, entre los cuales los más importantes fueron los apristas y los reformistas moderados, pareció representar un cambio profundo en la forma de hacer política en el país, pese a que aún la participación popular en el proceso electoral era limitada. Dado que el APRA tenía aceptación sobre todo entre los sectores medios y populares urbanos, una vez que el FDN llegó al poder, los sectores populares sintieron que al fin podrían satisfacer sus demandas, deseos que se vieron fortalecidos por la aparición de un mayor número de sindicatos.
En estas circunstancias, tras el triunfo electoral del FDN, “parecía que las fuerzas oligárquicas estuvieran por caer de sus pedestales por el movimiento de masas. Los cambios se dejaron sentir de inmediato con la multiplicación de organizaciones sindicales, obreras y campesinas que pedían aumentos salariales y nuevas y mejores condiciones de trabajo; en la formación de organizaciones estudiantiles y en la eliminación de los profesores oligarcas de las universidades, así como en la implantación del gobierno estudiantil en los centros de estudios superiores y la sustantiva ampliación de los márgenes de ingreso estudiantil; en el encumbramiento de nuevos escritores que representaban las reivindicaciones populares; en la rápida difusión de nuevos medios de comunicación que planteaban los aspectos de la problemática política y económica de los sectores populares. En fin, era muy claro el replegamiento de las fuerzas oligárquicas en todo orden, salvo el de la propiedad” (1).
Hasta antes del gobierno de Bustamante los sectores populares no habían tenido representación política adecuada, por ello, el populismo económico tenía las puertas abiertas para desarrollarse. Entonces, el APRA pudo aprovechar su poderosa presencia en el Congreso y en el Ejecutivo y aplicar una política de controles de precios, de importaciones y del tipo de cambio, así como políticas macroeconómicas populistas, medidas que propiciaron el aumento de la inflación, el desabastecimiento de los productos de primera necesidad, el surgimiento de mercados negros, el caos, la corrupción y el descontento popular.
La política económica de Bustamante
Desde el inicio de su gobierno, Bustamante tuvo que hacer frente a las presiones del Partido Aprista (además de los sindicatos y de las distintas organizaciones populares) por medidas económicas urgentes que ‘beneficien’ a los sectores populares. La manera más rápida que encontró el gobierno para satisfacer las exigencias populares fue el establecimiento de controles de precios, la restricción de las importaciones que competían con la producción nacional, y la compra-venta de dólares a diferentes tipos de cambio establecidos por el gobierno.
En lo que se refiere a los controles del tipo de cambio y de las importaciones, el gobierno restringió o inclusive prohibió las importaciones de bienes de consumo, especialmente las de lujo, y subsidió las importaciones de insumos y bienes de capital, con el fin de favorecer a la producción manufacturera. En enero de 1945, el gobierno fijó el tipo de cambio en S/. 6,5 y estableció el régimen de control de las importaciones, para lo cual los importadores requerían presentar licencias con el fin de recibir las divisas necesarias de parte del Banco Central de Reserva (BCRP). Como los exportadores debían entregar al BCRP el 100% de las divisas obtenidas por sus ventas al exterior, por las cuales obtendrían soles al tipo de cambio oficial, el BCRP era el único que podía vender dólares a los importadores. De esta manera, eran los funcionarios públicos y no los propios productores y consumidores quienes asignaban las divisas oficiales, según los objetivos del gobierno.
De esta manera, el Estado aplicó una política de control de precios, especialmente a los productos de primera necesidad (2). Esta política, junto con la de control del tipo de cambio y la restricción de las importaciones, según sus defensores, tenía como objetivo contener la devaluación y las presiones inflacionarias, sobre todo referidas a los productos de primera necesidad, lo que devendría en la disminución del costo de vida. En este sentido, la política de Bustamante tenía como beneficiarios directos a los sectores populares. Sin embargo, en la práctica, fue imposible evitar el caos y la corrupción en la aplicación de estas políticas, sobre todo cuando los precios y el tipo de cambio en el mercado negro eran cada vez mayores.
El aumento constante de los precios en el mercado negro se produjo como consecuencia de la creciente demanda por alimentos ante el crecimiento demográfico y de la mayor urbanización, del estancamiento de la oferta agropecuaria y del crecimiento explosivo de los precios internacionales de los alimentos. En estas circunstancias, dado que era más rentable vender en el mercado negro que en los mercados oficiales, los controles provocaron el crecimiento de la especulación. Para contrarrestar esta situación, el gobierno abrió puestos de venta oficiales para los artículos de primera necesidad sujetos a control de precios. Sin embargo, esta medida generó un mayor caos, arbitrariedad y corrupción. El desabastecimiento estaba a la orden del día. Ante esto, empezó a surgir la creencia de que a diferencia del resto de la población, los apristas sí podían acceder a los productos escasos.
En el caso de la restricción de importaciones y del tipo de cambio fijo, también se fomentó la especulación y la corrupción. Debido a que el gobierno permitió la importación de bienes de capital e insumos y restringió la de bienes de consumo, especialmente textiles, se evitó la competencia extranjera, lo que favoreció a un pequeño grupo de empresarios a costa de las grandes mayorías de consumidores, quienes se enfrentaron a productos de baja calidad y caros.
Como el tipo de cambio oficial se mantuvo por debajo de su valor en el mercado negro, importar con divisas oficiales se convirtió en una actividad altamente rentable, por lo que rápidamente aumentó el interés de las empresas por dedicarse al negocio. Esto se vio agravado por la falta de competencia y/o moralidad de las comisiones encargadas de supervisar la asignación de divisas oficiales. El hecho es que la sobrefacturación parece haber sido una práctica bastante común. En estas circunstancias, el deseo evidente era obtener divisas al cambio oficial que, convertidas en importaciones, podían venderse al doble o triple de su valor. Muchas de las solicitudes no contaban probablemente con un adecuado respaldo en soles, pero tener una licencia aprobada era poseer un capital que podía multiplicarse. Con el transcurso del tiempo aparecieron cada vez más importadores, no porque hubiese existido un crecimiento explosivo de la demanda por los productos importados, sino por la alta rentabilidad que implicaba comprar dólares baratos y comerciar los productos importados. Por ello, se expandió el crédito bancario dirigido principalmente a créditos para la importación. El gobierno intentó, por medio de la persuasión, que los bancos disminuyesen los préstamos dedicados a importar y aumentaran los dirigidos a la producción agrícola e industrial. Sin embargo, dado lo atractivo de dedicarse a la actividad importadora, los intentos del gobiernos fueron infructuosos.
Debido a estos problemas, el gobierno decidió en junio de 1947, no solo prohibir ciertas importaciones, sino además priorizar las importaciones legales, estableciendo cuatro categorías. La categoría A comprendía alimentos, necesidades del Estado e insumos para las industrias de exportación y mercado interno. Estos bienes podían importarse al tipo de cambio oficial. En las categorías B y C, estaban comprendidos los bienes necesarios pero no indispensables, que podían importarse con las divisas propias, las cuales provenían del turismo, de la repatriación de capitales y de los certificados de oro. En la categoría D se encontraban los bienes de lujo o producidos en el país, cuya importación estaba prohibida. Además, el gobierno eliminó el requerimiento de licencia para la importación de bienes de las categorías B y C, para lo cual se utilizarían las divisas provenientes del mercado libre.
La lógica de estas medidas era racionalizar el consumo de divisas. No importaba que se incrementen los precios de los bienes de las categorías B y C, pues ellos no eran consumidos mayormente por las clases populares. Es decir, se trataba de evitar el incremento del costo de vida de las clases más pobres. Sin embargo, los problemas no desaparecieron, pues la demanda de dólares oficiales seguía siendo superior a la oferta y el tipo de cambio libre crecía rápidamente. Esto era un serio problema, pues “los bienes importados con divisas oficiales tendían a aparecer en el mercado a precios del dólar libre” (3).
En setiembre de 1948, el gobierno dictó la devolución del 35% de las divisas de los exportadores, de tal manera que el 65% restante era retenido por el Estado. Además, estableció un impuesto a las importaciones B y C de S/. 3,5 por dólar y de S/. 10 para las importaciones D, las cuales hasta ese entonces fueron prohibidas.
Este relajamiento de los controles de las importaciones fue complementado con el relajamiento de los controles de precios y la disminución de la fiscalización de la comercialización. Se sustituyeron los precios fijos por los precios tope y se autorizaron sucesivas alzas de estos. A pesar de ello, las alzas no solucionaron el problema de la escasez. El malestar entre la población era evidente.
Las moralejas de la historia
La evidencia parece mostrar que las políticas de controles no son exclusivas de Alan García, sino de muchos dirigentes apristas. De hecho, hace ya más de 50 años (cuando García no había siquiera nacido), Bustamante aplicó una política económica basada en controles de precios, del tipo de cambio y de las importaciones, política que llevó a una severa crisis económica, caracterizada por el desabastecimiento de productos de primera necesidad, mercados negros, precios elevados y corrupción. La esperanza inicial que despertó el gobierno de Bustamante fue así rápidamente doblegada por la crisis económica y la escasez.
Esto tiene una relevancia especial en la coyuntura electoral actual, con un García señalando que ha cambiado, que ya no cometerá los mismos errores del pasado (que ya no incurrirá en cuantiosos déficit públicos, que ya no derrochará las reservas internacionales y que ya no se recurrirá a la emisión inorgánica de circulante) y con cientos de miles de peruanos creyendo en su palabra (que ahora sí García se convertirá en el Presidente de todos los peruanos y que nuestro futuro será diferente).
No dudamos de la honestidad de García. De hecho, estamos seguro que las medidas que propone parten de sus convicciones personales y partidarias sobre lo que es mejor para la economía peruana. Uno de los problemas es que, por más que haya cambiado, aún mantiene ciertos sesgos heterodoxos en sus propuestas. Pero un problema más importante es el que al interior de su partido, García no es el único obstáculo al libre mercado. ¿Sería suficiente que García haya cambiado y se haya convertido en un defensor del libre mercado para que, en caso él gane las elecciones, su gobierno nos lleve por el progreso económico?
Creemos que no. Después de todo, ¿acaso no es cierto que muchos dirigentes apristas (tal como sucedió durante el gobierno de Bustamante) consideran que el Estado debe intervenir activamente en la economía? ¿Acaso no es cierto que García, como dirigente de un partido más o menos bien estructurado y organizado, debe rendir cuentas a su partido, de tal manera que por más que él haya cambiado, las medidas que él aplique nunca dejarán de controlar excesivamente los mercados?
Notas
1. Cotler, Julio, Clases, Estado y Nación en el Perú, Lima: IEP, 1978.
2. Vásquez de los Ríos, Alberto, Economía y política durante el Gobierno de Odría (1948- 1956), Tesis para la obtención del Grado de Bachiller en Economía, Lima: Universidad del Pacífico, 1987.
3. Portocarrero, Maisch, Gonzalo, De Bustamente a Odría. El fracaso del Frente Democrático Nacional. 1945-1950, Lima. Mosca Azul Editores, 1983.